Cospedal pide una “ley de consenso” para regular las escuchas
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró este martes que el Ministerio del Interior ha dado “la razón” a su partido al querer regular “con más garantías” el Sistema de Interceptación de Comunicaciones (SITEL). Eso sí, defendió que esa regulación de las escuchas se haga por una “ley de consenso” específica, y no a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como pretende el Gobierno.
“Hemos ofrecido hacer una ley de consenso, una ley orgánica, para proteger el derecho a la intimidad y pienso que ahí se podía acoger el ministro del Interior”, dijo De Cospedal en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.
La 'número dos' de los populares considera que incluir esta regulación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está elaborado el Ministerio de Justicia retrasaría más de un año la protección del derecho a la intimidad. “Creo que llevarlo a dentro de un año es demasiado tiempo”, subrayó.
LAS SENTENCIAS NO CREAN LEGISLACIÓN PENAL
De Cospedal aseguró que es “cierto” que el Gobierno de José María compró SITEL pero subrayó que “no es verdad” que el PP lo pusiera en funcionamiento por dos razones. La primera, añadió, porque perdieron las elecciones“ en 2004 y, la segunda, porque los informes con los que contaban hablaban de la necesidad de que fuera por ley orgánica para no vulnerar derechos fundamentales.
“Eso está completamente acreditado. Por otra parte, comprar un sistema no quiere decir nada”, indicó, para insistir que el sistema de escuchas debe tener las máximas garantías y estar regulado por una ley orgánica.
Ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo avalando el sistema SITEL, De Cospedal recalcó que en el sistema español “unas sentencias no crean legislación penal”. Según explicó, las leyes penales “son restrictivas de los derechos fundamentales” y añadió que en Derecho Penal “la fuente del derecho es la ley”. “Y una sentencia interpretativa por un caso u otro, aunque sean sentencias del Tribunal Supremo, no pueden restringir derechos fundamentales”, aseveró.
