Currin se ofreció a Zapatero para asesorar en un proceso de puesta en libertad de presos de ETA

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El grupo de mediadores internacionales liderados por el abogado sudafricano Brian Currin remitió en marzo una primera carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que ofrecían su asesoramiento en materia de “liberación de presos” de ETA y “amnistía” así como aportar su experiencia en lo relativo a la “rendición de cuentas de la Policía”. La misiva, recogida por Europa Press, expresaba su esperanza en “un nuevo proceso de paz inclusivo” que “aseguraría que nunca más habrá otra víctima de este conflicto violento”.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al grupo, esta es la única carta que ha sido remitida al Palacio de la Moncloa con destino al jefe del Ejecutivo. La misma misiva se envió también a los presidentes del País Vasco y Navarra, Patxi López y Miguel Sanz, respectivamente, y a partidos políticos, en su caso, con algunas variaciones en la redacción por lo que se hicieron varias versiones.

En ese sentido, las mismas fuentes, matizan que la segunda carta publicada ayer en varios medios de comunicación tan sólo es una tribuna abierta dirigida al presidente a través de la prensa, algo habitual en los medios de comunicación anglosajones bajo el nombre 'editorial opinion'.

Esta primera carta de apenas tres folios está fechada el pasado 21 de marzo en Pretoria (Sudáfrica) y va firmada por los integrantes del denominado Grupo Internacional de Contacto para Silvia Casale, Pierre Hazan, Ray Kendall, Baronesa Nuala O'Loan, Alberto Spektorowski y Brian Currin. Pese a que fuentes gubernamentales han afirmado a Europa Press que el Ejecutivo ha contestado a esta comunicación con “una respuesta de cortesía”, una especie de “acuse de recibo”, el GIC asegura no tener constancia de ello.

Los integrantes de este grupo internacional aprovechan para presentarse y argumentan que fueron seleccionados considerando sus “capacidades y experiencias en relación a las necesidades de un proceso de transformación del conflicto, de un proceso de paz, de justicia transicional y de la fase de normalización post-conflicto para la construcción de la paz”.

Comienzan apelando al “dolor y sufrimiento experimentado por las víctimas y supervivientes del conflicto violento en España y en el País Vasco”. En ese sentido expresan “la esperanza de que un nuevo proceso de paz inclusivo, sujeto a los Principios Mitchell que garanticen la irreversibilidad de las vías exclusivamente pacíficas, aseguraría que nunca más habrá otra víctima de este conflicto violento”.

CAPACITADOS Y DISPUESTOS

A partir de ahí, incluyen un listado de materias en las que consideran que están capacitados y dispuestos a compartir “con la gente del País Vasco, sus líderes e instituciones”. Es en este apartado donde muestran su disponibilidad para el “asesoramiento y ayuda en relación a procesos de puesta en libertad de presos y cuestiones de amnistía” y “revisión de la política penitenciaria y orientación en relación a reformas penitenciarias en un entorno de post-conflicto”.

Otro de los puntos dice textualmente: “Rendición de cuentas de la Policía”, pero no ofrece más detalles de a qué se refiere exactamente. También se proponen para “defensa y lobbying”, “facilitación en transformación de conflictos, negociaciones internacionales, resolución de conflictos y facilitación en procesos de paz” y “asesoramiento en justicia penal nacional e internacional”.

También exhiben su conocimiento sobre “políticas policiales nacionales e internacionales, investigación de hechos y capacidad de investigación”; “orientación en procesos de verificación del alto el fuego y establecimiento del cuerpo apropiado si fuese necesario”; “orientación en la aplicación de los tratados y convenciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos”.

Otro asunto en el que el Grupo Internacional de Contacto también se muestra dispuesto a colaborar es el que afecta al “asesoramiento en derechos de las víctimas, recursos para víctimas y mecanismos de aplicación” o informar y ayudar “en relación a la Justicia Transicional y los Procesos de Verdad y Reconciliación, si se necesita”.

LEGALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN

La carta está escrita antes de que el Tribunal Constitucional avalase la coalición abertzale Bildu de cara a las elecciones del 22-M. Por ello, los firmantes de este documento indicaban entonces que el reto más crítico era “la legalización de un partido político que represente las aspiraciones de la Izquierda Abertzale”, el cual se opone a la violencia y apoya sólo vías constitucionales, como por ejemplo el nuevo partido establecido, Sortu y establecer una Comisión Internacional de Verificación del Alto el fuego que tenga credibilidad y sea efectiva“.

Sin embargo, el GIC a continuación manifestaba su “reconocimiento y respeto al rol de los Poderes Judiciales y Ejecutivos y de los Servicios de Seguridad españoles a la hora de tratar estos dos requisitos”. Según las fuentes consultadas, esta expresión no fue incluida en la carta que se remitió a los partidos políticos.

Por su parte, en el documento remitido a las formaciones que participaron en la rueda de contactos previa a la formación de GIC se incluyen frases agradeciendo esa colaboración que no figuran en las misivas remitidas tanto al Gobierno central como a los Ejecutivos vasco y navarro.

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