El Gobierno catalán aspira a asumir más competencias que las que marca el Estatut
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
El Gobierno catalán aspira a sumir más competencias que las que marca el nuevo Estatut. Así se desprende de las palabras de la nueva vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Gobernación y Administraciones Públicas, Joana Ortega (UDC), quien ha señalado: “Tenemos muy claro que no renunciamos en ningún caso a lograr el horizonte competencial marcado por el Parlament catalán con el Estatut aprobado el 30 de septiembre”.
Entre estas competencias que contemplaba el Estatut del 30 de septiembre y que el texto definitivo de la ley catalana no recogía, destaca la capacidad plena de la Generalitat para convocar consultas populares sin el aval del Estado.
Precisamente, CiU votó en contra de la Ley de Consultas impulsada por el tripartito porque establecía el aval del Estado que fija la Constitución, argumentando que no era necesario. Ortega se ha comprometido a hacer una nueva Ley de Consultas, pese a que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la norma impulsada por PSC, ERC e ICV-EUiA.
En declaraciones este jueves a Cataluña Ràdio recogidas por Europa Press, Ortega se ha desmarcado de las consultas independentistas que se han venido organizando durante el último año en Cataluña.
“Son consultas que salen de la iniciativa social y particular y desde el Gobierno catalán no deben impulsarse en absoluto”, ha recalcado la nueva consejera, señalando que la prioridad del gabinete de Mas no es esta, sino la lucha contra la crisis.
Orgtega ha asegurado que el gabinete de Mas se marca como objetivos una Ley Electoral aprobada con el consenso de todas las fuerzas, “exigir el cumplimiento estricto de las inversiones” estatales en Cataluña y que potenciará al máximo la Comisión Estado-Generalitat con el propósito de potenciar las “relaciones bilaterales” con el Gobierno central velando así por el pleno desarrollo del Estatut.
El Estatut del 30 de septiembre es la propuesta que hizo el Parlament catalán sobre cómo debía hacer la reforma estatutaria, texto que luego fue recortado en su tramitación en las Cortes en unas negociaciones que contaron con el acuerdo de los socialistas, ICV-EUiA y CiU, mientras que ERC y PP se desmarcaron de ellas.
Entre las competencias que desaparecieron, sobresalen la capacidad de la Generalitat para recaudar todos los impuestos salvo los locales y la gestión de los aeropuertos y los puertos de interés general, que son Barcelona y Tarragona.
Otros puntos que no figuran en el Estatut que se aprobó son la declaración de Cataluña como nación en el articulado, la capacidad plena de la Generalitat para convocar todo tipo de consultas populares, el reconocimiento de Val d'Aran como “realidad nacional occitana”, y el etiquetaje de los productos “al menos” en catalán.
También establecía la capacidad de fijar el contingente de extracomunitarios de forma unilateral y sin acuerdo con el Estado, la gestión y pago de las prestaciones por desempleo, participar directamente en las delegaciones españolas ante la UE y poder designar representantes en órganos como el Banco de España y las comisiones nacionales del Mercado de Valores y de las Telecomunicaciones.
