El abogado de De Juana anuncia que no aceptará el tercer grado y recurrirá al Tribunal Constitucional

Reizabal hizo este anuncio en una entrevista concedida a la emisora Euskadi Irratia antes de reunirse con De Juana para estudiar la decisión del Tribunal Supremo de rebajar a tres años la condena de doce años y siete meses de cárcel que le había impuesto la Audiencia Nacional.

El letrado consideró que tras esta sentencia “hay muchas opciones” para De Juana porque el reglamento penitenciario ofrece “diferentes posibilidades”, como “ponerlo en libertad por su estado de salud”, aunque también habría que contabilizar cuánto tiempo de condena ha cumplido por si pudiera optar a la libertad condicional. Sobre la posibilidad de que el etarra abandone la huelga de hambre -que hoy cumple 99 días-, Reizabal explicó que, hasta el pasado lunes, el preso siempre había dicho que no la abandonaría “hasta verse en la calle”, aunque matizó que ahora hay “nueva información” y las decisiones “no tienen porqué ser siempre las mismas”.

Tras conocer la decisión del alto tribunal, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que la respeta y acata e instó al Gobierno a que impida que De Juana obtenga beneficios penitenciarios porque “ni se ha arrepentido ni ha pedido disculpas”. “Espero que lo que le quede por cumplir, lo cumpla”, dijo Rajoy, quien apuntó que, si él estuviera al frente del Ejecutivo, el etarra cumpliría íntegramente la sentencia.

El Gobierno socialista no quiso posicionarse, aunque el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que las decisiones que adopte su Ministerio en torno a este recluso se “atendrán escrupulosamente a la legalidad”.

“Despropósito de la Audiencia Nacional”

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, defendió “dar la libertad” a De Juana y consideró “proporcionada” la sentencia del alto tribunal. En este sentido, recordó que De Juana “ha cumplido sus obligaciones con la justicia respecto a sus atentados por terrorismo” y que ahora se juzgaba su opinión en varios artículos.

La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, consideró que el Gobierno central deberá “dar una solución” a lo que calificó un “despropósito de la Audiencia Nacional”. Azkarate recordó que “hay otros reclusos a los que se les ha concedido el tercer grado”, como es el caso, según citó, del ex guardia civil Enrique Rodríguez Galindo.

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, apuntó que “la prisión atenuada” en el domicilio de De Juana podría ser una solución ante su estado de salud y defendió que esta decisión no iría en contra del Estado de Derecho porque “no es dejarle en libertad”, sino aplicar una posibilidad prevista en la Ley. López opinó que la condena de tres años “es mucho más acertada y mucho más adecuada a los hechos que se juzgaban” que la “desproporcionada” pena impuesta por la AN, ya que “no era entendible que De Juana hubiera cumplido 18 años por 25 asesinatos y luego se le impusiera una pena de 12 años por amenazas”.

La presidenta del PP vasco, María San Gil, se refirió también a la sentencia de De Juana Chaos, de quien dijo que pronto volverá a Euskadi, mientras que “los familiares de Marisol o de Juani, de Manolo y José Luis” (nombres de pila de víctimas de ETA), nunca van a poder verlos “volver a casa”.

El portavoz de la Presidencia de Ezker Batua, Mikel Arana, pidió al Gobierno que ponga en libertad, con la “máxima celeridad”, al preso etarra, atendiendo a “razones humanitarias debido a su grave estado de salud”. Arana sostuvo que De Juana, “como preso enfermo”, tiene “derecho a acogerse a los beneficios penitenciarios”, al igual que hicieron “Galindo, Roldán o Vera”.

Aralar reclamó su “excarcelación inmediata” y afirmó que resulta un “despropósito que se penalice a alguien por escribir dos artículos de opinión” porque “una democracia madura no puede contemplar delitos ideológicos”.

El portavoz de la ilegalizada Batasuna Joseba Permach destacó que “ahora sí” que está “en manos” del Gobierno “salvar la vida” de De Juana Chaos, y acabar con su “situación crítica” poniéndole en libertad.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo anunció una concentración en Madrid para el próximo día 24 en homenaje a las víctimas de De Juana. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, opinó que la condena del Supremo, aunque “seguramente es legal”, hiere la sensibilidad de “todas y cada una de sus víctimas”. “Sentimos que la Justicia ha sido injusta”, dijo su portavoz, Cristina Cuesta.

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