Labajos acusa a Garzón de cometer “un asesinato civil”
POR IMPUTARLE EN EL CASO FÓRUM
LABAJOS ACUSA A GARZÓN DE COMETER UN ASESINATO CIVIL
El empresario presentó una denuncia contra el exmagistrado que fue archivada por Anticorrupción
CANARIAS AHORA
El empresario José Ana Labajos, imputado en el caso Fórum que en Tenerife ha sido denominado Operación Lavandera, ha acusado al exmagistrado de la Audiencia Nacional que en su día promovió esta causa de haber cometido “un asesinato civil”. El empresario ha sido considerado siempre testaferro de Fórum en la Isla, ya que vendió al representante de este colectivo, Carlos Llorca las acciones del puerto deportivo de San Andrés y las parcelas de Valle Tahodio. El empresario dice ahora de Garzón: “cometió varios asesinatos civiles contra varias personas inocentes y algún empresario actualmente arruinado”. Lo cierto es que si esta última afirmación la hace por él mismo no se entendería que haya pagado de su propio bolsillo anuncios en la prensa en los que da a conocer su página web denunciaagarzon.com.
Su inculpación en este causa la atribuye a la llegada al poder de “jóvenes socialistas que declararon la guerra a la corrupción y que defendían la supremacía ética de los valores de la izquierda”. Labajos cree que detrás de esta operación tan sólo se esconde “dar caza a las fuentes de financiación de Coalición Canaria (CC) a través de una de sus personalidades más relevantes”, el entonces alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, actualmente también imputado. “El juez Garzón mediante una instrumentalización tramposa de los hechos, emprendió desde el año 2005 en combinación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, una verdadera Inquisitio Generalis, enviando a Santa Cruz de Tenerife el embrión de una causa general”, indica en su página web. El empresario asegura haber sido víctima de indefensión y por ello en el mes de agosto del pasado año presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el ex magistrado. Sin embargo, apenas cuatro meses después ésta quedó archivada, “sin entrar en el fondo de los hechos”.
El empresario lanza sus críticas contra el arquitecto Julio Aumente que fue el que suscribió el documento en el que se hablaba de supuestos pagos a los cargos públicos para acelerar los proyectos. Igualmente considera inverosímil que conociera las actividades delictivas de Llorca ya que la venta de las acciones las llevó a cabo varios años antes de que queda en busca y captura.
