PP y PSOE aprueban una enmienda que prohíbe manifestarse a guardias civiles

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

PP y PSOE han acordado este martes aprobar la enmienda al Proyecto de Ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad por la que se prohíbe manifestarse a los agentes de la Guardia Civil y que se votará con el apoyo de ambos partidos en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado. El Pleno extraordinario de la Cámara Alta votará la aprobación del Proyecto de Ley ya con esta nueva enmienda en su redactado y finalmente será el Congreso el que ratifique esta iniciativa en el último Pleno de julio.

El PP propuso dar este paso en junio, cuando se reformó la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, pero optó por retirar la enmienda en aras al consenso y ante el rechazo de las asociaciones de guardias civiles. Ahora, 'populares' y socialistas retoman la cuestión a través de una disposición final añadida a una ley de contratos públicos, con la que se acuerda “aplicar al Instituto Armado la regulación contenida en el artículo 13.1 de la Ley Orgánica de derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas”.

El citado artículo dice expresamente que “el militar podrá ejercer el derecho de reunión, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, pero no podrá organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical”.

Asimismo, añade que “vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrá organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo”.

El senador socialista Manuel Arjona ha sido el encargado de presentar este martes la enmienda en la Comisión donde ha justificado su aprobación apelando a que la Guardia Civil “se trata de un instituto armado de naturaleza militar”.

De este modo, queda derogado el apartado 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil en la que se recogía que los agentes del Instituto Armado “no podrán organizar manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical”.

Tras conocer el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para prohibir el derecho de manifestación a los guardias civiles, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, AUGC, emitió ayer lunes un comunicado en el que responsabilizaba al vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba describiéndole como “un pijo que va de rojo con ansias de poder ilimitadas”.

PRIMER INTENTO EN JUNIO

Ya el pasado mes de junio el PP presentó una primera enmienda en el Senado, en este caso a la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, a través de la cual pedía endurecer la prohibición de manifestación para los guardias civiles. No obstante, los 'populares' retiraron esta iniciativa parlamentaria días después tras el rechazo generado en la mayoría de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

Según anunció el senador por Melilla Juan José Imbroda, el PP consideró entonces “más conveniente” no seguir adelante con esta enmienda para su votación en la Comisión de Defensa en aras del “consenso” con que cuenta la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Por ello afirmó que el PP retiraba la enmienda con “satisfacción”.

El derecho a manifestación por parte de la Guardia Civil ha sido motivo de enfrentamiento entre las asociaciones profesionales del Instituto Armado y el Ministerio del Interior en numerosas ocasiones durante los últimos años. El último precedente tuvo lugar el pasado mes de septiembre cuando la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) convocaron una manifestación en Madrid para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

ÚLTIMO PRECEDENTE

Esta marcha fue posible después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revocase la decisión de la Delegación de Gobierno que prohibió a los guardias civiles manifestarse al entender que era un acto sindical no permitido a los agentes del Instituto Armado. El tribunal madrileño declaró “nula” aquella decisión por entender que “no se ajusta a derecho y vulnera el derecho fundamental de reunión de los guardias civiles”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativa estimó el recurso presentado por la AUGC y la UO considerando que la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid “excede el límite legal” y “vulnera un principio fundamental”, reconocido en la Constitución, por lo que declaró la prohibición “nula de pleno Derecho”.

La Sala reconocía así el derecho a manifestarse de los agentes del Instituto Armado para “la defensa y promoción de sus intereses profesionales”.

El Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado se opusieron a la celebración de la manifestación, pero la sentencia evocó precisamente la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de la Guardia Civil de 2007 que afirma que los agentes “son titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas” reconocidas en la Carta Magna, en la que se defiende el “derecho de reunión pacífica y sin armas”. “Los guardias civiles son titulares de tal derecho”, zanjaba en su resolución.

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