Piden 30 años para 'Txapote' por el asesinato de Gregorio Ordóñez
El fiscal pidió este miércoles 30 años de cárcel para Francisco Javier García Gaztelu Txapote por el asesinato, en 1995, del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, mientras la viuda del edil consideró que el juicio no será suficiente hasta que en el País Vasco no haya “una sociedad con vencedores y vencidos”.
La Audiencia Nacional juzgó este miércoles al ex dirigente etarra en la última vista oral -desde que lo extraditaron ha sido juzgado por ocho causas, incluida esta última- a la que éste asistió antes de que el próximo 15 de diciembre, fecha en la que se agota el plazo de un año por el que fue entregado, sea devuelto a Francia.
El fiscal Ignacio Gordillo solicitó la citada pena, así como la prohibición de acercarse a la localidad donde reside la familia de la víctima por un período de 10 años tras cumplir la condena, peticiones que también reclamaron las acusaciones particular y popular, ejercida esta última por el PP, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Tras la celebración de la vista, la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, consideró que el juicio no será suficiente mientras no haya libertad en el País Vasco, no haya “una sociedad con vencedores y vencidos” y “queden por resolver decenas de casos pendientes que no deben, no pueden prescribir”.
La viuda de Ordoñez citó las palabras del presidente del Gobierno en las que definía el proceso de paz como “largo, duro y difícil”, para indicar que esperaba que se refiriera a que “largas serán las condenas de los etarras en la cárcel, duras sus condenas y difícil su reinserción”.
Iríbar acudió al juicio acompañada de la hermana de Ordoñez, Consuelo, y de diversos responsables del PP, entre ellos el secretario ejecutivo de Justicia, Ignacio Astarloa, la portavoz de los concejales populares en San Sebastián, María José Usandizaga y la presidenta del PP del País Vasco, María San Gil, que declaró como testigo.
Además, entre el público se encontraban la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco y hermana del concejal asesinado por ETA, María del Mar Blanco, la directora de esta asociación, Cristina Cuesta, el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, y las viudas de los dirigentes socialistas asesinados por la banda terrorista Fernando Múgica y Juan María Jáuregui.
Al entrar en la sala María San Gil, que fue la primera testigo que declaró, ésta miró fijamente al presunto asesino de su compañero y éste respondió manteniéndole la mirada.
La presidenta del PP del País Vasco, que estaba con Ordoñez cuando fue asesinado el 23 de enero de 1995 en San Sebastián, relató que estaban comiendo en un restaurante cuando “de repente vi que había una pistola sobre su cabeza (la de Ordóñez) e inmediatamente esa pistola se disparó y la cara de Gregorio cambió completamente”.
Recordó que todo ocurrió “en un segundo” y que al ver la pistola “en la nuca de Gregorio” creyó que era una “broma macabra” pues, según dijo, “era impensable que por estar en un bar de la parte vieja alguien viniera a descerrajarte un tiro”.
El fiscal dijo que a pesar del tiempo que ha pasado “Gregorio Ordóñez está en la memoria de todos” ya que, explicó, “cuando se mata a un concejal se hace con independencia de cuál sea su signo político”, lo que provocó murmullos de desaprobación por parte del público, que a lo largo de la vista mostraron su desacuerdo con determinados comentarios.
En la rueda de prensa que ofreció Iríbar tras el juicio también intervino la hermana de Ordoñez, quien se quejó de que actualmente “mandan a las víctimas al psicólogo” y a sus asesinos “a la mesa” de diálogo con el Gobierno.
“A mí no me preocupa que ETA rompa la tregua”, subrayó Consuelo Ordoñez antes de que su cuñada concluyera diciendo que “hoy se hace justicia en la Audiencia Nacional, pero queda mucho todavía por hacer para que Gregorio Ordóñez pueda descansar en paz”.
