Suspedido el juicio contra el ex edil de Urbanismo de Palma
El juicio por la presunta malversación de caudales públicos por parte del ex concejal de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, fue suspendido durante la fase de exposición de los informes finales debido al cansancio físico y psicológico del acusado, por lo que se reanudará este miércoles a las 9.30 horas a petición de la defensa del ex edil, ejercida por el letrado José Ignacio Herrero.
En torno a las 20.30 horas abandonaba el ex regidor las dependencias de la Audiencia Provincial de Palma, donde se lleva a cabo el juicio, con aspecto visiblemente abatido y rodeado de una nube de cámaras. Todo ello tras una segunda sesión de la vista en la que el Ministerio Público ha rebajado su petición de pena de cinco a tres años y medio de prisión por el presunto desvío de más de 52.583 euros en clubes de alterne masculinos y casas de masajes, a través de la tarjeta visa de la que disponía como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP).
El desarrollo de la vista tuvo que pararse así debido al estado en que se encontraba De Santos justo en el momento en que el fiscal anticorrupción Juan Carrau había finalizado su exposición de informes. Durante este trámite, Carrau aseveró que no hay prueba de que el ex edil “estuviese tan necesitado económicamente como para echar mano de la tarjeta municipal, ya que cuando fue pillado, devolvió el dinero, y posteriormente ingresó en una clínica privada de Madrid”.
El fiscal rechazó, de este modo, la atenuante de drogadicción que pide la defensa “tanto si la malversación fue para la primera comunión como para sexo, y porque además no estaba en condiciones que le impidiesen ser concejal y presidente del EMOP, ni tenía necesidad económica para adquirir esta sustancia sino que era capaz de devolverlo todo cuando le apretaban y de contratar forenses privados”.
Carrau manifestó en su intervención que la conducta de De Santos fue prolongada en el tiempo, gastando dinero público aprovechándose de su cargo desde mediados de 2005 hasta 2007 y, tras recordar que el acusado reparó el daño al reintegrar la cantidad defraudada, no confesó el delito antes de incoarse el procedimiento judicial. En este sentido, apuntó que fue el 13 de marzo de 2008 cuando envió una carta a la alcaldesa reconociendo los hechos,pese a que el procedimiento ya se había incoado después de que la Fiscalía interpusiese una querella el día anterior.
“Decírselo a un amigo y a la alcaldesa, que no es una autoridad judicial, no sirve de nada”, espetó al respecto, que incidió en que en la misiva “no reconoce que haya cometido ningún delito”, por lo que tampoco admitió que incurra la atenuante de confesión, como también solicita el asistente legal de De Santos.
Mientras, recordó que en abril se le citó a declarar y en su comparecencia “hizo un reconocimiento genérico de los hechos, pero no concurre la atenuante de confesión”, aseveró el fiscal, quien respecto a la atenuante de drogodependencia, apuntó que el acusado “miente” en este sentido, cuando dice que “estaba enganchado y necesitaba la cocaína”. En este sentido recordó que varios testigos han manifestado que “nunca lo vieron nervioso ni presentaba problemas de conducta” por la ingesta de cocaína. “No dudo que consumiera, ¿pero le habría llevado a padecer una enfermedad y a estar fuera de si?”, se preguntó Carrau.
“Dinero en juergas y fiestas”
Asimismo, alegó que si el dinero se lo gastaba “en juergas y fiestas”, como afirmó un policía en calidad de testigo, “no debe ser aceptada la atenuante”. “Y si en un ticket pone Charlie y Mateo de 5.30 a 6.30 horas, no parece un gasto para droga”, prosiguió el fiscal, preguntándose además que, a raíz de las facturas investigadas de la tarjeta usada, “¿desde cuándo se utilizada una tarjeta para pagar droga?. ”Y cuando el ex edil pasa la tarjeta, aunque haya comprado droga, el pago delictivo se hace después y por tanto no los efectúa por la necesidad de tomar cocaína porque ya la había tomado“, zanjó.
Durante el trámite de conclusiones, el fiscal anticorrupción, además de rebajar su petición de pena de los cinco años de prisión que solicitaba inicialmente a tres y medio, pidió ocho años de inhabilitación absoluta frente a los nueve que pedía, al tiempo que mantiene el delito de malversación de caudales públicos por el que le acusa. Asimismo, continúa aceptando la atenuante de reparación del daño después de que el ex regidor reintegrase la cantidad defraudada al Consistorio.
Por su parte, la defensa solicitó que se considere como muy cualificada la de reparación del daño por haber devuelto el dinero, al tiempo que consideró que pena que se le debe imponer es una multa de seis meses a tres euros diarios y seis meses de inhabilitación, frente al año y dos meses de prisión, los tres euros diarios de multa durante un mes y su inhabilitación absoluta por año y medio, que pedía en su escrito de defensa inicial.
INFORMES FINALES DE LA DEFENSA
El juicio se reanudará a las 9.30 horas con la exposición de los informes finales por parte de Herrero, tras lo cual De Santos hará valer o no su derecho a la última palabra. Una vez finalizada la vista, el tribunal del jurado que juzga el caso deberá deliberar y emitir su veredicto en próximos días.
