El 'caso Dívar' causa un ''daño irreparable'' a la Justicia
El secretariado de Jueces por la Democracia ha vuelto a exigir la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, además de apelar a la responsabilidad institucional de todos los vocales que en su día lo eligieron por unanimidad como presidente.
La inadmisión a trámite de la querella presentada contra Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, en la que se anuncian varios votos particulares, “puede despejar en el mejor de los casos las dudas sobre las responsabilidades penales; responsabilidades que en nada eximen de las claras responsabilidades políticas y sociales”, señala la asociación de magistrados en un comunicado.
JpD ha recordado que el Consejo se ha adherido a las consideraciones de deontología judicial propuestas por el Grupo de Trabajo de la RECJ (Red Europea de Consejos de Justicia), que reclama del juez tanto en su actividad profesional como personal una conducta “íntegra, honrada ? evitando comportamientos faltos de tacto ? y con el compromiso de velar por una buena utilización de los recursos que se asignan para administrar justicia sin hacer un uso abusivo o inadecuado a los mismos”.
Jueces para la Democracia expresa su preocupación sobre “la grave situación de deterioro institucional que está afectando al poder judicial”. “Más allá de que el Tribunal Supremo podía haber acordado diligencias de investigación, para aclarar si en la conducta del Sr. Dívar concurrían indicios de delito, es en el terreno de las responsabilidades políticas en el que se presentan los elementos más visibles sobre la necesidad de dimisión del presidente del CGPJ”, ha aseverado.
La asociación incide en que las actuaciones públicas en una democracia constitucional “han de ser motivadas y debe existir transparencia sobre las decisiones institucionales, sin que, pueda admitirse ninguna forma de arbitrariedad”. Sobre el caso de Carlos Dívar, JpD subraya que concurren “dudas razonables” sobre si se han abonado cantidades económicas de cierta entidad para pagar gastos personales con cargo al presupuesto público.
Además, la asociación considera que el presidente del CGPJ no ha ofrecido “explicaciones adecuadas sobre la realidad de esta confusión entre lo público y lo privado”, sino que “se ha amparado en diversos mecanismos para fundamentar una conducta de opacidad. y, por otro lado, sus escasas explicaciones no han sido confirmadas por diversas instituciones”
Jpd destaca, por otra parte, que la situación se produce en un contexto de importantes problemas económicos, “en el que los representantes institucionales todavía debieran ofrecer una imagen de mayor austeridad y ejemplaridad”. “Y también nos encontramos en un momento de considerables carencias y serios problemas estructurales en el ámbito judicial, que están causando un estado de comprensible desánimo en la judicatura. Sin embargo, se ha trasladado a la sociedad una imagen inaceptable en el terreno ético, que luego se ha acompañado de un oscurantismo poco acorde con la exigencias de un Estado democrático”, añade.
Todo ello, además de la aparición continuada de nuevos datos sobre viajes y otros gastos no justificados, está causando, a juicio de JpD, “un daño irreparable a las instituciones judiciales”
