El Gobierno barajó enviar el 'Prestige' a Canarias

El Prestige pudo acabar en Canarias tras el accidente que sufrió el petrolero frente al litoral gallego en noviembre de 2002. Ésa fue, al menos, una de las opciones que se barajaron desde el Gobierno español durante la gestión de la crisis, según aseguró este martes María José Rodríguez Docampo, la abogada que representa a la naviera Mare Shipping, propietaria del buque.

“Si el barco estaba en condiciones de llegar a Canarias, como se pretendió en algún momento, también podía llegar a Corcubión”, manifestó la letrada en declaraciones que recoge la agencia Efe. Mare Shipping reiteró este martes sus acusaciones contra las autoridades marítimas españolas por “agravar” las consecuencias del accidente hasta convertirlo en una “catástrofe”.

Rodríguez Docampo ha presentado sus conclusiones definitivas ante el tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña que juzga los daños por la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España.

La abogada ha responsabilizado al ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors de las enormes dimensiones que alcanzó el siniestro, que afectó a más de 1.700 kilómetros de costa, desde Portugal a Francia, y le ha acusado de incurrir en un delito de “imprudencia grave”.

La letrada de Mare Shipping ha afirmado que López Sors tomó decisiones “negligentes” que condujeron al “agravamiento” de los daños y contribuyeron a la “ruina progresiva” del barco.

Ha agregado que la única opción que “barajó” fue la de alejar el barco de la costa, y ha advertido de que esta “consigna” se mantuvo incluso en contra de la opinión de numerosos expertos.

“El rumbo noroeste que se ordenó para el buque, el peor de los posibles, era una simple huida a ningún lugar”, ha resaltado la letrada de Mare Shipping, que ha rebatido uno por uno y de forma pormenorizada los informes periciales que consideran que la causa del accidente fueron las irregularidades que sufría el petrolero.

Rodríguez Docampo ha manifestado que el “rumbo suicida” fue el que “empeoró los daños estructurales”.

Además, ha insistido en que durante los seis días -del 13 al 19 de noviembre- en los que el buque navegó con rumbo “errático” frente al litoral gallego se perdieron varias ocasiones de darle abrigo, lo que, según ha apuntado, pone de manifiesto que las autoridades marítimas españolas nunca valoraron siquiera esa opción.

La letrada, a la vista de los numerosos informes periciales presentados durante los ocho meses de vista oral, ha recalcado que no cabe duda de que el alejamiento del petrolero contribuyó a agravar la catástrofe hasta los parámetros que alcanzó con “graves daños medioambientales y patrimoniales”.

También ha expuesto sus conclusiones finales el letrado Xosé Avelino Ochoa, que representa a la cooperativa mejillonera gallega Amegrove y que ha calificado de “crimen” el accidente del Prestige, y ha responsabilizado de la catástrofe a López Sors y al capitán y jefe de máquinas del buque, Apostolos Mangouras y Nikolaos Argyropoulos, respectivamente.

Según este letrado, en esta “catástrofe” que se cebó especialmente con el sector mejillonero gallego, “faltó, por encima de todo, sentido común”.

“Mangouras debió impedir que el barco zarpase de San Petersburgo y López Sors que el buque mantuviese un rumbo errático que tocó todos los puntos cardinales hasta que se hundió”, ha sostenido.

Igualmente, ha presentado sus conclusiones el letrado que representa a la empresa Pescados Ría de Sada, que ha exculpado a López Sors, “guste más o menos lo que hizo”, y ha señalado ante el tribunal que “el rumbo errático del Prestige empezó en San Petersburgo”.

En su opinión, “alejar el barco era tan legítimo como acercarlo a la costa”, y se ha preguntado: “¿Quién se hubiera atrevido a decirle a los vecinos de Corcubión que iban a meter allí el barco?”.

Los dos letrados de la parte civil que han intervenido han rechazado los informes periciales que rebajan considerablemente la cuantificación de daños presentada por las empresas afectadas.

El juicio del Prestige, que comenzó el pasado 16 de octubre, ha entrado en su recta final con la presentación de las conclusiones definitivas de las numerosas partes personadas en la causa.

Abrió este turno la pasada semana el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, quien pidió una pena de 12 años para el capitán del Prestige.

Además, reclamó 4.328 millones de indemnizaciones por los daños de la “marea negra”, de los que 2.433 corresponden a Galicia.