Gürtel se cobra una víctima en Valencia
La exportavoz del Consell y exconsellera Alicia de Miguel, que horas antes presentó su renuncia como diputada autonómica, ha sido imputada este lunes en el caso Gürtel por su supuesta “intervención relevante y decisiva” en contrataciones del área de Bienestar Social que dirigía en 2006 y 2007 con Orange Market.
Así consta en una providencia hecha pública por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano que instruye la pieza separada número cinco de la rama valenciana del caso Gürtel, que investiga supuestos delitos de prevaricación en contratos con Orange Market -una de las empresas clave de la trama-, a excepción de los suscritos por la Agencia Valenciana de Turismo.
Esta mañana, De Miguel ha formalizado su renuncia al escaño en Les Corts Valencianes y tanto fuentes del grupo popular como el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Císcar, la han justificado en razones estrictamente personales.
Císcar ha sido preguntado sobre si esa renuncia estaba relacionada con la posible implicación de Alicia de Miguel en el caso Gürtel tras la declaración judicial de la semana pasada de un exjefe de gabinete de Bienestar Social.
En ella, ese ex alto cargo, Enrique Navarro, afirmaba que De Miguel había sido la responsable de encargar la organización de varios actos de la Conselleria a la firma que dirigía en Valencia Álvaro Pérez “el Bigotes”.
El vicepresidente del Gobierno valenciano ha reiterado que su abandono del acta de diputada estaba motivado en “decisiones personales”.
En su providencia, el magistrado José Francisco Ceres señala que decide tomar declaración como imputada a De Miguel -prevista para el próximo 24 de septiembre- tras escuchar “en particular” la declaración como imputado de Navarro sobre el posible fraccionamiento de contrataciones en favor de firmas de la trama Gürtel para tres actos de Bienestar Social, uno sobre violencia de género en 2006 y dos más en 2007 de balance general y malos tratos.
Navarro, según el magistrado, declaró la semana pasada que De Miguel, entonces titular de Bienestar Social en el Consell que presidía Francisco Camps, fue quien “decidió que Álvaro Pérez se encargaría de organizar los actos correspondientes a dichas contrataciones”.
También cita la declaración testifical al respecto de la entonces directora general de la Mujer, Clara Abellán, del jefe de sección de coordinación administrativa, del gerente de la fundación Tolerancia Cero y la jefa del área de la Mujer, todos ellos ex altos cargos de Bienestar Social.
Con todas ellas y junto a las diligencias documentales practicadas, “resulta necesaria” tomar declaración como imputada a Alicia de Miguel ya que “cabe estimar que, presuntamente, tuvo una intervención relevante y decisiva en dichas contrataciones y, en particular, en la decisión sobre las sociedades adjudicatarias de las mismas”.
En su providencia, el magistrado ordena que se pida a Les Corts que acrediten la condición de diputada de De Miguel, por su condición de aforada.
Alicia de Miguel ha remitido su escrito de renuncia a la Mesa del Parlamento valenciano a las 11.45 horas y en él se limita a expresar sus agradecimientos al personal de la Cámara, sin que conste en el mismo ni en la carta remitida a sus compañeros de grupo parlamentario el motivo de su decisión.
En un escrito remitido a sus compañeros de bancada, explica que considera finalizada su etapa en política y su intención de dedicarse al ejercicio de su profesión (médica).
