La APM afirma que la condena a Martín demuestra que ''la ley es igual para todos''

El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Salvador Alba Mesa, afirmó este jueves que la sentencia que condena al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, a suspensión para empleo o cargo público que implique el desempeño de funciones jurisdiccionales durante un año y seis meses, por intentar favorecer al narcotraficante Rafael Bornia, demuestra que “la ley es igual para todos”.

En declaraciones a la Cadena Ser, Alba Mesa se refirió así a la resolución de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condena también a Martín a una pena de 8 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros (7.200 euros aproximadamente) por un presunto delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

En opinión de Alba Mesa, “se ha demostrado que el Estado de Derecho funciona, lo que transmite un mensaje de tranquilidad al ciudadano, que es fundamental en los tiempos que corren, y que el ciudadano sepa que la norma constitucional es igual para todos, que la Ley es igual para todos y que nadie está por encima o a salvo de esta Ley”.

En todo caso, apuntó que su asociación ha recibido dicha sentencia también “con cierta tristeza porque es evidente que cuando un tribunal considera en su relato hechos probados la comisión de un hecho delictivo por parte de cualquier juez o magistrado, sin perjuicio de lo que pueda decir en su día el Tribunal Supremo si existiera algún recuso”.

Así pues, lamentó que “cualquier juez o magistrado resulte condenado por la comisión de un hecho delictivo”, al mismo tiempo que señaló que la carrera judicial ha de felicitarse porque “ha existido una resolución judicial, el proceso ha concluido prácticamente, salvo de existir algún tipo de recurso ante el TS y tras un proceso que ha sido largo y que ha tenido y tiene apartado de la carrera a Martín”.

Recordó que el que fuera también presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial está apartado de sus funciones cumpliendo una medida cautelar establecida por el Consejo General del Poder Judicial y “el Código Penal prevé la posibilidad de abonar ese cumplimiento o tiempo que se ha cumplido como medida cautelar como cumplimiento efectivo de la pena”, por lo que adelantó que “es posible que sea abonada como cumplimiento efectivo de la pena”. Asimismo, señaló que la pena pecuniaria a Martín puede ser sustituida por otras medidas en supuesto de impago.

'Caso Faycán'

Por otro lado, Alba Mesa también se refirió al auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que acuerda no admitir a trámite la querella presentada contra el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca por su actuación como instructor en la presunta trama de corrupción conocida como caso Faycán, que afecta al Partido Popular en el municipio de Telde (Gran Canaria), y contra la magistrada María de los Ángeles Zabala, instructora de la investigación de las filtraciones policiales derivadas de dicho caso.

“Los jueces y tribunales estamos sometidos al derecho y a la tutela judicial efectiva de cualquier ciudadano, y cuando se realiza una actuación judicial siempre se genera por parte de la persona que se siente perjudicada un descontento evidente ante una posible imputación o sentencia desfavorable”, añadió el magistrado, que subrayó que “esto ha generado siempre denuncias, querellas y quejas incluso administrativas contra la actuación de juzgados y tribunales, pero en esta ocasión ha vuelto a actuar el Estado de Derecho”.

A su entender, “no es aconsejable que se intente judicializar absolutamente todo y que se utilice la vía penal para absolutamente todo, ya que éste es el último recurso al que se debe acudir”.

De este modo, hizo especial hincapié en que “el derecho penal no se puede usar para dar satisfacción o salvaguardar una imagen que se entiende lesionada por una actuación judicial, sino que existen otros medios mucho más leves y aceptables y que no provocan lo que provocan estos casos. Y es que durante un tiempo se tenga en tela de juicio la actuación de un juez o magistrado porque no se comparte y no se considera correcta su resolución por parte de los ciudadanos” afectados.

Por ello, remarcó que la actuación de los magistrados García García-Sotoca y Zabala ha sido “absolutamente correcta”. “En la gran mayoría de los tribunales en España hay jueces técnicos y profesionales que saben hacer bien su trabajo y eso es lo que deben entender los ciudadanos”, apostilló.

El auto dictado por la Sala rechaza la querella presentada por el letrado Juan Sánchez Limiñana en representación de la ex concejala y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mogán, Onalia Bueno (PP), imputada en la trama de corrupción del 'caso Góndola', y del que fuera subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Martín, así como en representación del también policía Alexis Martín y Francisco Sánchez Vega, una persona que se presentaba durante el anterior mandato local en Telde como asesor de imagen del ex concejal de Urbanismo y líder de la plataforma AFV-Ciuca, Guillermo Reyes.

La resolución, que no es firme, recuerda que la querella interpuesta el pasado 11 de marzo, y ratificada siete días después, planteaba la comisión de los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación judicial al entonces magistrado del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Telde y actual magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier García García-Sotoca, y de supuesta falsedad documental, violación del artículo 18.3 de la Constitución Española que garantiza el secreto de las comunicaciones y prevaricación judicial a la jueza del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de Telde, María de los Ángeles Zabala.