Aceila recuerda que la última palabra sobre concurso de escuelas infantiles de capital grancanaria la tiene el Juzgado
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 (EUROPA PRESS)
La junta directiva de Aceila, en relación al anuncio de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no va a contemplar las alegaciones presentadas en contra del concurso de escuelas infantiles municipales, quiere recordar que quien tiene la última palabra en este concurso es el juzgado, informó este viernes Cecapyme en un comunicado.
De esta manera, en palabras de María Jesús Vera, presidenta de Aceila, no les sorprende este tipo de declaraciones. “De hecho --añadió-- le damos la importancia justa, porque quien tiene la última palabra en todo este proceso es el juez que instruye el caso”.
“Aún estamos esperando a que el señor alcalde se digne a sentarse a hablar con nosotros, frente a frente, sin intermediarios, pues somos el colectivo que lleva más de treinta años dedicados al cuidado de los más pequeños y podemos aportar mucha luz en este conflicto, que ya está tardando en solucionarse y a quien más perjudica es a los niños y a sus padres”, dijo.
Al respecto de la confirmación de que el ayuntamiento capitalino revisará unas tarifas recogidas en una ordenanza ya aprobada por el alcalde y su grupo de gobierno, Vera declaró que “esto no hace otra cosa más que confirmar algo que se adelantó en su momento, pues no se debe olvidar que hace más de un mes, en una reunión mantenida con la concejal de Educación, Marcela Delgado, se advirtió del grave peligro y el menoscabo que iba a suponer para niños y padres la aprobación de las baremaciones que planteaban”.
“A día de hoy --continuó--se ha demostrado que, una vez más, teníamos razón, y que las escuelas infantiles privadas siguen siendo más económicas que las públicas”.
Por otro lado, Vera manifestó sentirse muy sorprendida ante la llegada de una carta del ayuntamiento dirigida a Aceila en la que, entre otros asuntos, les exigían demostrar que esta asociación era parte involucrada en el proceso administrativo abierto en contra del concurso para poder solicitar, como hicieron semanas atrás, cierta documentación, con el fin de presentar un contencioso administrativo.
A este respecto, Vera afirma que no entiende “cómo es posible que los servicios jurídicos del consistorio no sepan que 'cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a los registros y documentos de un ayuntamiento', según se recoge en el artículo 37.1 de la Ley 30/92 de procedimiento administrativo”.
“No sabemos que fin persigue este ayuntamiento dando largas de forma continua, pero si no quiere darnos la documentación solicitada escudándose en un argumento irregular ya se la tendrá que dar al juzgado cuando éste se la exija”, concluyó.
