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Acosta ve “un propósito político” en la filtración de la extorsión a un empresario majorero

Blas Acosta y el expresidente de la Cámara de Comercio majorera Gregorio Pérez Cabrera. EFE/CARLOS DE SAA

EFE

Puerto del Rosario —

El vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), ha asegurado este martes que él no tiene nada que ver en el caso de supuesta extorsión al empresario majorero Gregorio Pérez y ha denunciado que la investigación policial se ha filtrado con “claro propósito político” que, a su juicio, debe aclarar la Delegación del Gobierno.

Acosta ha compadecido hoy junto al empresario Gregorio Pérez en rueda de prensa después de que ayer el periódico La Provincia informara de que un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria investiga un posible caso de extorsión al expresidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, que estaría relacionado con el impago de una comisión a Blas Acosta por la venta de un hotel en Morro Jable.

Según La Provincia, los hechos se remontan a 2005, cuando el actual líder de los socialistas en Fuerteventura actuó como intermediario en la venta del hotel Cactus Garden, propiedad del padre de Gregorio Pérez, al grupo Dunas, en una gestión por la que debía recibir una comisión del 3%, unos 250.000 euros.

Acosta ha reiterado hoy que “nunca” ha habido relación contractual alguna con Gregorio Pérez Saavedra y ha aclarado que la asesoría de empresas de la era socio fue contratada por el Grupo Dunas y por Gregorio Pérez Alonso (padre del empresario) en 2002 y 2003 para ejecutar un estudio de viabilidad económica para la compra venta de un hotel.

El vicepresidente del Cabildo ha aclarado que, en absoluto, ha “vinculado” su actividad política con su “actividad en el pasado como socio de un despacho profesional de asesoría de empresas”.

El actual consejero insular de Turismo ha subrayado además que durante el periodo en el que realizó el trabajo para Pérez Alonso todavía no era concejal de Urbanismo de Pájara, ya que tomó posesión como concejal en junio de 2003, fecha en la que abandonó su actividad en la asesoría.

“El contrato nada tiene que ver con las cifras publicadas y además ya está cobrado y pagado puntualmente a Hacienda”, ha explicado el socialista, ya que el dinero fue devuelto a la asesoría en los plazos acordados en 2002 y 2005.

Por su parte, Gregorio Pérez, que no ha querido responder a las preguntas de los periodistas, ha relatado cómo a finales del año pasado mantuvo una reunión con una persona en una cafetería de Gran Canaria en la que este le manifiesta que hace unos años su padre mantuvo un negocio con “un alto cargo político con el que mantenía una deuda que debía pagar”.

Pérez siguió manteniendo reuniones con los supuestos extorsionadores durante los siguientes seis meses en las que iban apareciendo nuevas deudas a otras empresas, hasta que denuncia los hechos ante la Policía, “se identifica a los delincuentes y se produce la detención de tres personas”.

“En ningún momento he denunciado a Blas Acosta en el sentido de que haya contratado a una banda de delincuentes para extorsionarme”, ha remarcado el empresario majorero, a lo que ha añadido: “creo firmemente que no está relacionado con esa actuación delictiva”.

Gregorio Pérez reconoce que se ha sentido “amenazado” e “intimidado” y que, incluso, llegó a temer “ser secuestrado”.

Acosta, por su parte, ha exigido que alguien responda sobre estos hechos y sobre la filtración al medio de comunicación “hecha desde algún departamento y responsable, como mínimo, la Delegación del Gobierno”.

Además, ha denunciado que la filtración “pone en riesgo a la víctima de intento de extorsión al publicar su nombre y fotografía”.

A su juicio, ha habido un interés político de vincular al secretario insular del PSOE en Fuerteventura con una trama delictiva, algo por lo que no está dispuesto “a pasar”.

La investigación, que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, se ha saldado con la detención de tres hombres que amenazaron con pegar una paliza a Gregorio Pérez si no pagaba la comisión.

La Policía Nacional indaga quién pudo ser el encargado de contratar a los acusados de extorsionar al empresario.

Acosta, que ya testificó ante la Policía para confirmar una serie de datos, declarará el próximo jueves en el Juzgado número 4 de Las Palmas de Gran Canaria en condición de testigo.

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