Afectados por el Plan General de 2000 reclaman 421 millones al Ayuntamiento de LPGC
El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Néstor Hernández, ha confirmado que los propietarios afectados por el Plan General del año 2000 reclaman al Consistorio 421 millones de euros, cantidad a la que se suman los 170 que exigen los dueños de los terrenos de El Rincón. De estas cantidades, las arcas municipales deben afrontar “ya” el pago efectivo de 42 millones.
Hernández, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en las Casas Consistoriales, advirtió que estas cantidades “son insostenibles” para el Ayuntamiento desde el punto de vista económico, aunque las vías administrativas y judicial confirmen que las indemnizaciones finales son menores que las solicitadas por los demandantes.
El edil destacó que de los 421 millones, las resoluciones judiciales firmes suman 3.892.000 euros; por resoluciones judiciales firmes que determinan la indemnización, 551.000 euros; por resoluciones judiciales firmes que determinan el inicio de la expropiación, 7,8 millones de euros; por acuerdos de la Comisión de Valoración de Canarias, 23 millones de euros. Los acuerdos pendientes de abono suman 6,6 millones, y los terrenos ya ocupados entre 2001-2007 y de los que existe valoración por el Ayuntamiento para abonar, 1.663.000 millones de euros. El justiprecio inicial por los particulares que consideran que deben ser expropiados son 2,8 millones de euros.
Las cuotas por gastos de urbanización ascienden a 1,2 millones de euros, y unos 2,8 por los intereses. Por último, Hernández destacó las resoluciones judiciales pendientes en las que ya ha habido sentencia cuya cuantía total es de “hasta 188 millones”, pero el Consistorio está pendiente de que se falle el recurso.
Hernández, sin querer entrar a denunciar a “gobierno anteriores”, en clara referencia al Partido Popular, antecesor en el gobierno municipal, sí se mostró muy crítico con “el desorden voluntario o involuntario” de los anteriores responsables del urbanismo en el municipio. El edil explicó que “al final los juzgados fallan” y “al final los perjudicados son los 284.000 ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria”.
El principal perjuicio al que se refiere es la deuda actual en las arcas municipales, lo que impide el pago de las sentencias firmes y provoca un mayor endeudamiento. Para paliar esta situación, el Ayuntamiento ya ha rebajado en “un 60%” el importe de las inversiones previstas en los últimos años. Además, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, como miembro de la Federación Nacional de Municipios, está intentando que el Gobierno estatal “continúe haciendo llegar dinero a los Ayuntamiento”, señaló Hernández.
El edil también señaló que el Ayuntamiento está “absolutamente seguro y convencido” de que las cantidades definitivas a abonar a los propietarios serán inferiores a las solicitadas por estos, aunque así tamboco existen garantías económicas para hacer frente a los pagos.
