Agaete asume una deuda de 450.000 euros con la empresa de aguas
El Ayuntamiento de Agaete ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con Aqualia, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en este municipio del noroeste de Gran Canaria, para saldar la deuda que ésta reclamaba en concepto de déficit tarifario y de disminución de las subvenciones por desalación de agua. El grupo de gobierno del PP ha asumido el pago de la mitad de la deuda, que había quedado fijada por la empresa en 901.209 euros. De este modo, el Ayuntamiento abonará 450.000 euros a Aqualia de forma fraccionada entre los años 2014 y 2018, según consta en el texto aprobado en el pleno celebrado el pasado lunes.
La empresa de aguas presentó en el año 2012 una reclamación administrativa por valor de 693.264 euros al entender que el Ayuntamiento no había actualizado los precios y no había fijado una subida de tarifas acorde con el aumento del coste del servicio. El Ayuntamiento obvió esta reclamación y Aqualia presentó un recurso contencioso-administrativo en 2013. Un informe pericial encargado por el juzgado determinó que la deuda contraída entre 2003 y 2011 ascendía a 818.481 euros, cantidad que se ha incrementado hasta los 901.209 euros tras contabilizar los dos últimos ejercicios.
Ante la inminente resolución del juicio, que estaba prevista para este mes de mayo, el Consistorio decidió acudir a la vía negociadora y pactar una quita de la deuda a cambio de que la empresa retirara el recurso, como ha sucedido.
Para el PSOE en la Villa de Agaete, sin embargo, aún quedan “muchos cabos sueltos”. Sergio Cruz, portavoz de los socialistas en este municipio, considera que el Ayuntamiento debió analizar en profundidad la reclamación de Aqualia antes de lograr el acuerdo extrajudicial por el que los vecinos agaetenses deberán abonar 450.000 euros en el próximo lustro. “No sabemos de dónde sale la deuda, si es real, ni quién es el culpable”, ha apuntado Cruz.
El PP defendió en el pleno celebrado el pasado lunes que la responsabilidad sobre este desfase en las tarifas recaía sobre la Comisión Territorial de Precios de la provincia de Las Palmas, dependiente de la Consejería de Hacienda del Gobierno regional. Para el PSOE, de ser así, el Ayuntamiento debería presentar una reclamación e implicar al Ejecutivo canario en el pago de la deuda. De 2002 a 2012, el precio mínimo de consumo (a partir de siete metros cúbicos) se incrementó de los 5,59 euros a los 8,08, mientras que el coste del metro cúbico ha aumentado de los 1,05 euros de 2002 a los 1,53 de 2012.
Los socialistas inciden en que la empresa no presentó reclamaciones anuales desde que advirtió la supuesta desviación y que, sin embargo, sí que lo hizo en 2012, una década después de que comenzaran a producirse los desequilibrios. El PSOE recuerda que la empresa no ha sido auditada durante todo este tiempo y que, por lo tanto, no es posible demostrar si se ha producido el desfase que denuncia Aqualia. En este sentido, reclama no solo una auditoría de las cuentas de la compañía, sino también un informe jurídico que determine si había opciones de ganar el pleito judicial con la misma.
Sergio Cruz ha señalado que su grupo, formado por cuatro concejales (de un total de 13 en el pleno), está valorando la opción de solicitar un pleno extraordinario para analizar con mayor profundidad este caso y evitar que los ciudadanos del municipio tengan que desembolsar dinero por esta “escandalosa” deuda.
