Alcaide denuncia ''obstruccionismo'' a su labor desde el Gobierno canario
Un informe del Diputado del Común ha declarado que “la actuación del director ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), en la tramitación del expediente de una queja --al no constar que se hubiera incoado un expediente sancionador contra una empresa que realizó obras ilegales en un paraje protegido--, es obstruccionista y entorpecedora de las funciones del Diputado del Común”.
El documento recogido por Europa Press y que se registró en el Parlamento de Canarias el pasado mes de enero recuerda que en febrero de 2006 la agencia dependiente del Gobierno de Canarias informó de que en junio del año anterior “se había ordenado la suspensión de unas obras denunciadas, consistentes en el asfaltado de pista e instalación de una planta de machaqueo de áridos, presuntamente ilegales, llevadas a cabo por una entidad en el término municipal de Telde, en la isla de Gran Canaria”.
Así hubo que esperar hasta julio de 2007 para que “una de las inspectoras del referido organismo emitiese un informe técnico acreditativo, entre otros extremos, de que las obras denunciadas no contaban con la previa calificación territorial ni con la preceptiva licencia urbanística”.
Ante esto, en octubre del mismo año “a la vista del contenido de dicho informe, dado que habían transcurrido más de dos años desde que se había acordado la suspensión de las obras, de que éstas afectaban a un espacio natural protegido, concretamente al Paisaje Protegido de Tafira, y de que no constaba que se hubiera incoado el correspondiente expediente sancionador; nos dirigimos a la citada agencia”, confirma el documento.
Esta petición fue reiterada en febrero del año pasado y “objeto de un recordatorio del deber legal de colaborar con este comisionado parlamentario en abril, sin que hayamos obtenido respuesta”.
Por ello, en agosto de 2008 el Diputado del Común, Manuel Alcaide, dirigió un requerimiento personal al director ejecutivo del aludido organismo, a efectos de que nos enviara el informe solicitado. La citada petición fue repetida el pasado noviembre, “sin que ninguna de nuestras gestiones haya dado resultado”.
El informe además expone que la normativa vigente establece que, una vez declarada la acción obstruccionista y entorpecedora, “dicha actitud podrá ser puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos previstos en el Código Penal”.
