Antonio Castro reconoce que “hay un anticipo de la filosofía” de la Ley del Suelo en la norma de las 'islas verdes'

En la imagen, núcleo turístico de Los Cancajos, en Breña Baja.

Salvador Lachica

Las Palmas de Gran Canaria —

Con matices sobre las acusaciones de haber colado la Ley del Suelo en el texto que se está tramitando para modificar la norma turística de La Palma, La Gomera y El Hierro vertidas por Nueva Canarias (NC) y Podemos, Antonio Castro, presidente del Grupo Nacionalista y ponente del texto impulsado por el Cabildo de la Isla Bonita, reconoce que “hay un anticipo de la filosofía de la Ley del Suelo” en la misma.

Sin embargo, afirma que las acusaciones de ambos grupos de la oposición “son más ruido que nueces” porque lo que realmente se está haciendo con la modificación de la Ley de 2002 es aprobar “unas medidas específicas para esas islas” con el fin de hacer viable un modelo respetuoso con el medio ambiente.

“Es una ley que tiene un alto contenido social porque permitirá generar empleo preservando la agricultura, adaptando los obstáculos que han existido a la realidad actual y simplificando la tramitación de unos proyectos ya aprobados por el Cabildo y por la Cotmac”, afirma Castro.

En parecidos términos, el socialista Manuel Marcos Pérez afirma que, en el caso concreto de La Palma, “14 años han demostrado que no ha servido para nada el modelo de la Ley de 2002, la isla está estancada”, motivo por el cual “hemos presentado unas enmiendas, de acuerdo con el Cabildo, para hacer viable el modelo, respetuoso con el paisaje, pero capaz a la vez de impulsar un desarrollo económico”.

Al respecto, Castro dice que “los proyectos son vitales para la isla, porque ésta envejece y los jóvenes emigran y se necesitan medidas urgentes”.

Una tesis no compartida ni por el líder de Nueva Canarias (NC) ni por la diputada de Podemos Asunción Hernández, que insisten en que “están cometiendo un fraude de ley” al introducir un nuevo instrumento de ordenación territorial que permitirá la creación de  equipamientos insulares turísticos en cualquier clase y categoría de suelo.

“En las enmiendas del Pacto, que han asumido tanto el PP como ASG, se otorga vía libre a los artículos 124 a 132 de la futura Ley del Suelo”, afirma Rodríguez.

33 HOTELES Y 5 CAMPOS DE GOLF

Es más, insiste en que “mediante un uso fraudulento del trámite de enmiendas, perpetran un parlamentazo, porque la ley autoriza la construcción automáticamente de 33 hoteles y 5 campos de golf, dos de ellos anulados por la sentencia del Tribunal Supremo”.

En concreto, el líder de NC afirma que la enmienda número 10 del Pacto (incluida desde hoy en la ponencia cuyo dictamen se aprobará el lunes, 25 de julio), afirma que “se declararán de interés insular” todas aquellos proyectos “publicados en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de 10 de mayo de 2007”.

En ese BOC se publicó la el Decreto 95/2007, de 8 de mayo, de la Consejería de Política Territoria, con Domingo Berriel como consejero, por el que se aprueba definitivamente, de modo parcial, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma en el que se autorizan actuaciones en La Cangrejera, Balcones de Mazo, Finca Amado, Los Dragos, Martín Luis, La Tahona, Vista Alegre,Las Hoyas, Puerto de Tazacorte, Tazacortey  Las Manchas.

Asimismo, se da vía libre a “actuaciones estratégicas singulares” en Los Llanos, Breña Alta, Fuencaliente, Barlovento y Puntagorda y, en el apartado de “núcleos mixtos”, en Tazacorte, Puerto de Tazacorte, Mazo, San Antonio, Los Cancajos, Santa Cruz de La Palma, San Andrés  y Puntagorda.

Al respecto, Castro afirma que “no son más de 8 o 9 proyectos, y todos ellos referidos a hoteles temáticos vinculados al buceo, la salud o el ámbito cultural. No va a haber un Siam Park, como en Gran Canaria”. Además, el presidente del Grupo Nacionalista incide en que “el Cabildo debe aprobar uno a uno cada proyecto de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley”.

Pero es ahí donde discrepan Podemos y NC. Según Delgado, “los nuevos instrumentos permiten que los proyectos puedan ser promovidos por iniciativa privada porque los informes de las administraciones públicas no son vinculantes ni paralizan su tramitación”.

“Las enmiendas aprobadas con el apoyo del PP y ASG amplían de manera exorbitante el contenido previsto por la proposición de ley del Cabildo palmero, creando mediante una maniobra fraudulenta un nuevo instrumento de ordenación excepcional que no ha sido informado por el Consejo Consultivo de Canarias” insiste Delgado.

En este sentido, Castro muestra su indignación por las acusaciones de Podemos y NC, ya que “es imposible que una Ley que aprueba el Parlamento sea fraudulenta, otra cosa es que no se esté de acuerdo con ella, pero nunca puede ser un fraude”.

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