Asumida la redacción de tres planes supletorios
El Gobierno de Canarias ha asumido, de forma supletoria, la redacción de los Planes Generales de Ordenación (PGO) de La Orotava (Tenerife), Agaete (Gran Canaria) y La Oliva (Fuerteventura).
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial ha dado este viernes cuenta al Consejo de Gobierno de la firma de estos tres convenios y de cuatro adendas a convenios de este tipo suscritas el mes pasado con los ayuntamientos de La Aldea de San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana, Firgas y Moya, en Gran Canaria.
El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los convenios o adendas suscritos por el departamento autonómico y los municipios canarios de La Orotava, Agaete, Firgas y Moya tienen como objeto la formulación, tramitación y aprobación del contenido estructural del PGO de cada municipio.
Asimismo, el Gobierno canario aprobará la ordenación pormenorizada que resulte necesaria para implantar los sistemas generales, las dotaciones y servicios públicos, la ejecución de las viviendas de protección pública, la creación y ordenación del suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística y sus equipamientos complementarios.
En los casos de La Orotava y Agaete este objetivo se contempla en convenios rubricados el 25 de junio y 1 de julio de 2013, respectivamente, mientras que en Firgas y Moya en adendas a convenios ya suscritos en marzo de 2013, que fueron rubricadas el pasado mes de octubre.
El acuerdo entre la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Oliva también tiene como objeto la formulación, tramitación y aprobación del PGO de este municipio.
En el caso de La Aldea de San Nicolás, se formularán los planes supletorios contemplados en la Ley de las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, según contempla una adenda rubricada el pasado 3 de octubre al convenio de junio de 2010.
La adenda al convenio de diciembre de 2011, que fue rubricada el 4 de octubre con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, es la tramitación y aprobación del contenido estructural del PGO municipal.
El portavoz gubernamental ha asegurado que la firma de estos documentos obedece al esfuerzo que realiza el Ejecutivo para normalizar la situación del territorio y adaptarla a la normativa vigente, poniendo sus recursos al servicio de los ayuntamientos que han tenido más dificultades durante la tramitación de sus PGO.
De esta manera, ha continuado, se ofrece además una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos en general y también a los inversores que quieran trabajar en el archipiélago.
Corredor insular norte
Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha aprobado, a petición del Ayuntamiento de Garachico (Tenerife), municipalizar el tramo de la carretera de interés regional TF-42 comprendido entre el barranco que establece el límite entre Icod de los Vinos y de Garachico, por el lado este, y la última vivienda existente del barrio de El Guincho, en el extremo oeste.
La carretera denominada TF-42 (antigua TF-142) forma parte de lo que el plan insular de Tenerife denomina corredor insular norte de la isla, ha informado Martín Marrero. La vía, que parte de Icod de los Vinos con conexión con la carretera general del norte TF-5, da servicio a toda la comarca de la Isla Baja y tiene una longitud aproximada de 14 kilómetros.
Se trata de una carretera convencional de dos carriles, uno por sentido, que dispone en algún tramo de un carril adicional para vehículos lentos y sendos arcenes. La carretera está clasificada como de interés regional, bajo la denominación de “ramal acceso a Buenavista del Norte”, en el Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, por el que se clasifican las carreteras de interés regional.
El tramo de la carretera respecto del cual el Ayuntamiento de Garachico ha solicitado su municipalización, tiene una longitud aproximada de 950 metros y doble sentido de circulación. Se trata de un tramo urbano que tiene la consideración de travesía, ya que dispone de edificaciones a ambos lados de la vía y comunicación con otras calles y caminos en ambos márgenes.
Según ha precisado Martín Marrero, este tramo ha pasado a tener un carácter secundario desde la construcción del túnel de El Guincho. En base a los informes técnicos de la Dirección General de Infraestructura Viaria, el Gobierno canario considera que no existe impedimento para aceptar la petición formulada por el Ayuntamiento de Garachico de municipalizar el tramo de la carretera de interés regional TF-42.
Sin embargo, lo ha sujeto a algunas condiciones, como que en el acta de municipalización se identifique de manera precisa y de forma gráfica los límites de dominio público de titularidad de cada una de las administraciones públicas implicadas. El Ejecutivo también exige que para realizar obras o instalaciones provisionales de cualquier naturaleza en las zonas de servidumbre o afección del tramo de la vía, o para cambiar su uso o destino, sea necesaria la previa autorización del Cabildo de Tenerife.
Asimismo, pide que en el supuesto de cierre temporal del túnel de El Guincho se mantenga el carácter bidireccional del tramo de la vía municipalizada, con tres metros y veinticinco centímetros de anchura para cada carril.
Introducción de dos especies de langostino para cultivar
El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes el decreto por el que se autoriza la introducción de dos especies exóticas de langostino para su cultivo en instalaciones en tierra, en Ingenio, Gran Canaria.
El portavoz del Ejecutivo canario ha detallado que la propuesta formulada por la empresa Langostino Real Canarias S.L es viable tanto desde el punto de vista ambiental como sanitario. Martín Marrero ha comentado que el pasado mes de mayo esta entidad solicitó la autorización para llevar a cabo un proyecto de acuicultura de engorde de langostinos Litopenaus vannamei y Penaus monodon.
Según el Gobierno canario, su cultivo constituye una oportunidad real para la actividad acuícola, tanto desde el punto de vista de la diversificación del producto, como por su aptitud para la cría en cautividad. Sin embargo, ante los riesgos que comporta el cultivo de especies foráneas para la biodiversidad del medio que los acoge, la Ley 17/2003 de Pesca de Canarias, exige para su introducción la autorización previa por el Gobierno regional y previo informe de las consejerías competentes en materia de medio ambiente y sanidad, siempre que entrañe riesgos en estos ámbitos.
En este sentido, el Consejo Europeo determina que “los acuicultores que se propongan efectuar la introducción de una especie exótica o la ”translocación“ de una especie localmente ausente no prevista, deberán solicitar el permiso correspondiente a la autoridad competente. Asimismo, establece que ”podrán presentarse solicitudes relativas a movimientos múltiples que vayan a realizarse a lo largo de un período máximo de siete años“, ha detallado el portavoz gubernamental.
Para aprobar esta autorización, según establece la ley, el Viceconsejero de Medio Ambiente ha formulado declaración de impacto ecológico en la que se señala que las consecuencias previsibles son “poco significativas”. También determina que esta autorización quede condicionada al cumplimiento de una serie de condicionantes ambientales, que aluden a aspectos vinculados a las obras y características técnicas de las instalaciones donde se va a desarrollar la actividad acuícola y también a las relativas a la bioseguridad del producto.
De este modo se establece que todas las partidas de langostinos importadas por el promotor deberán contar con el correspondiente certificado SPF (libre de infecciones). Asimismo, ha precisado Marrero, el promotor deberá llevar un registro de todas las partidas vendidas en el archipiélago canario, con los datos de identificación y dirección del comprador, cantidades y fechas y en ningún caso se comercializarán ejemplares vivos.
Más de un millón para el saneamiento de Arrecife
El Gobierno de Canarias destina 1,2 millones de euros a las obras de la red de saneamiento y pluviales de Argana Alta, en Arrecife (Lanzarote).
El portavoz del Ejecutivo canario ha informado de la aprobación de la transferencia al Cabildo de un total de 400.000 euros para la ejecución de estas actuaciones, que se suman a los 800.000 euros previstos para acciones en esta zona de la capital. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias prevé que estas obras de emergencia, que se están ejecutando en estos momentos, concluyan antes de que finalice este año.
Pese a las complicaciones habituales derivadas de trabajar en zona urbana debido a las interferencias con los servicios afectados, como los desvíos de tráfico, estas obras se desarrollan adecuadamente, con buen rendimiento, lo que hace prever que puedan estar terminadas antes de finales del mes de diciembre, evitando así posibles inundaciones en la temporada de lluvias.
Las obras, adjudicadas por el Ejecutivo en julio a la entidad mercantil Lanzagrava S.L. por un importe de 799.999,99 euros, consisten en la mejora de las captaciones de la red de pluviales existente, mediante la instalación de rejillas e imbornales, así como la ampliación de la red con la ejecución de nuevos ramales en zonas críticas, ha detallado Martín Marrero.
Asimismo, ha subrayado que el objetivo de las mismas es evitar las inundaciones que se han producido en los últimos períodos de lluvias. El portavoz gubernamental ha recordado que en los últimos años se han llevado a cabo distintas medidas dirigidas a mejorar el sistema de saneamiento y pluviales de Arrecife, sin embargo, con las últimas lluvias del pasado mes de diciembre, que produjeron graves inundaciones.
Este suceso, ha continuado, evidenció que las obras ejecutadas no eran suficientes y que era necesario dar respuesta a este problema antes de la próxima temporada de lluvias. Después de estas inundaciones, el Cabildo de Lanzarote resolvió contratar con carácter de emergencia la actuación denominada “Ampliación de Drenaje de Arrecife (Fase I)”.
El acuerdo del Gobierno de Canarias pretende, transferir a la corporación insular la cuantía de estas acciones de emergencia, que permitieron la ejecución de las obras de drenaje contempladas en el proyecto.
