La Audiencia de Cuentas no puede certificar la eficacia del IGIC
En el año 2013, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) reportó unos ingresos líquidos de 1.106.792.262,01 euros, que se tradujeron en 928,7 millones de beneficios fiscales. Sin embargo, la Audiencia de Cuentas reconoce que “no ha podido obtener evidencias sobre el nivel de eficacia alcanzado en el cumplimiento de los objetivos” porque, entre otras cuestiones, los planes de control tributario de la administración “no contienen objetivos cuantificables y medibles”
Esta es una de las conclusiones que este jueves ha presentado ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento el presidente del organismo auditor, Rafael Díaz, relativa al informe de fiscalización de los procedimientos de gestión del IGIC, recordando a los diputados que ni siquiera hay informe anual sobre resultados.
El informe recoge que “la gestión que la Administración Tributaria Canaria realiza del IGIC interior está impulsada, mayoritariamente, por acciones provocadas por los propios contribuyentes· con la presentación de declaraciones o solicitudes de devolución-, por lo que recomienda -”la puesta en marcha de una serie de “medidas destinadas a aumentar la eficiencia de los procedimientos de gestión”.
El informe también pone de manifiesto que, pese a la crisis, la recaudación del IGIC ha ido incrementándose año a año, aunque la falta de datos impide saber si como consecuencia de haber regularizado actividades fraudulentas o por que se ha incrementado la eficacia en la gestión.
Así, .en 2010 la recaudación líquida fue de 772,8 millones de euros y los beneficios fiscales de 298,6 millones. En 2011, rondó los 809 millones y los beneficios fiscales se situaron en 680,5 millones. Al año siguiente, la recaudación líquida del IGIC siguió la tendencia ascendente y alcanzó los 931,2 millones, al igual que los beneficios fiscales, que fueron de 692,5 millones.
Además. el informe alerta sobre la discordancia entre el número de negocios que ostenta la condición de gran empresa, desde el punto de vista tributario, y el volumen de declaraciones de IGIC totales presentadas entre los años 2010 y 2013.
Tras obtener datos sobre este tipo de empresas resulta una media por año fiscalizado de 1.223 en 2010; 1.176 en 2011; 1.245 en 2012, y1.161 empresas en 2013, “lo que difiere de los datos extraídos” de la aplicación informática que registra ambos conceptos en la Administración Tributaria Canaria.
Así, en 2010 había 477 grandes empresas en la provincia de Las Palmas; 465 en 2011; 484 en 2012, y 459 en 2013, mientras que en la occidental estaban dadas de alta como tal 452, 449, 448 y 433 en los respectivos años. En total, 929 en 2010; 914 en 2011; 932 en 2012 y 892 en 2013.
Inconsistencias
“El censo de empresarios y actividades contiene diversas inconsistencias, por lo que se recomienda un enfoque más estratégico para incrementar la eficiencia y depurar las cifras que hay en el censo para hacer más consistente el tratamiento de los datos de la realidad tributaria”, afirmó Díaz.
Un informe que ha llevado a la portavoz de Podemos, Asunción Delgado, a considerar que demuestra que el Gobierno canario “ha venido fallando sistemáticamente” en la planificación, recaudación y gestión del IGIC.
“Sorprende que no se disponga de una información integral y lo que llama la atención es el comportamiento desigual de la Administración Tributaria Canaria en ambas provincias, porque se puede pensar que en una se es más benevolente que en otra, que se aceptan más los aplazamientos”, dijo el conservador Jorge Rodríguez.
Y es que otro de los fallos detectados por el informe es que “no es homogéneo” el reparto de funciones entre las dos administraciones provinciales de tributos, pues existen funciones con una “mayor relevancia” en una provincia que en otra.
“Esto ocurre en temas tales como el control de grandes empresas y la llevanza de las comprobaciones limitadas, por lo que sería aconsejable homogeneizar las funciones”, ha aconsejado Díaz.
La “inexistencia de planes tributarios” fue una de las deficiencia que destacó la portavoz de Nueva Canarias (NC), Esther González, mientras que Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), consideró “grave” las irregularidades detectadas.
Por su parte, el socialista Manuel Marcos Pérez expresó su deseo de que la creación de la Agencia Tibutaria Canaria (ATC) mejore la gestión del IGIC, mientras que la nacionalista Elena Luis tuvo que reconocer que los datos “bastantes contundentes” ponen de manifiesto que la gestión del IGIC es “manifiestamente mejorable”.
