El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desiste de las acciones judiciales en el 'caso Emalsa'

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este jueves desistir de las acciones judiciales que procedieran en el asunto de la adjudicación de acciones de la empresa de aguas Emalsa.

Con esta decisión, el Ayuntamiento que preside Jerónimo Saavedra (PSC-PSOE) quiere dar por terminado un asunto que lleva en los juzgados más de ocho años y proceder a acatar las distintas sentencias dictadas en sus justos términos, según informa el Consistorio en un comunicado.

La institución local recuerda que el 7 de noviembre del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó una sentencia en la que se le reconoció a la empresa Aquagest SA el derecho a la adjudicación del concurso público para la compraventa de parte de las acciones representativas del capital social de Emalsa acordado por el pleno del Ayuntamiento el 26 de octubre de 2001.

Frente a esta resolución judicial, el Ayuntamiento recurrió en su día mediante la presentación de dos recursos, uno de casación y otro de reposición, que fueron desestimados por dicho tribunal.

El pasado 8 de abril de 2009, al Ayuntamiento le fue notificada la denegación del último recurso, a la vez que se le abría la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo en vía de recurso de queja.

El recurso de queja es un recurso meramente instrumental que tiene como finalidad impedir situaciones de “arbitrariedad” en la negativa a la interposición de algunos recursos en vía jurisdiccional. En otras palabras: con el mantenimiento del recurso de queja, el Ayuntamiento sólo estaría intentando mantener las puertas abiertas a un posible recurso de casación de la sentencia de 7 de noviembre.

Sin embargo, esta pretensión no es más que meramente formal, puesto que las modificaciones legislativas operadas desde el año 2003 impiden apelar al Tribunal Supremo las sentencias que hayan sido dictadas por las salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias, añade el Consistorio.

Ante la falta de sustantividad jurídica del recurso de queja, tal y como ha quedado planteado, así como las nulas posibilidades de éxito en la resolución positiva para los intereses del Ayuntamiento, éste ha acordado desistir del mismo y acatar, por tanto, la sentencia dictada el 7 de noviembre del pasado año.

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