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El Ayuntamiento de Teror suspende las actividades extraescolares debido a la reforma local

Así, las actividades culturales, deportivas, de prevención de drogodependencias y sensibilización contra la violencia de género, impartidas hasta el momento, no se podrán realizar.

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El Ayuntamiento de Teror, en Gran Canaria, ha suspendido todas las actividades extraescolares que desde hace varios años viene desarrollando en los centros educativos del municipio obligado por la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el Gobierno central. Así, las actividades extraescolares culturales, deportivas, de prevención de drogodependencias y sensibilización contra la violencia de género, impartidas hasta el momento, no se podrán realizar, informa en una nota.

Tampoco de podrán convocar las ayudas del ayuntamiento a los centros educativos y a las Ampas, ni participar en el Programa de Inmersión Lingüística.

Según recoge la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, los ayuntamientos, en materia de educación, únicamente deben participar en la vigilancia del cumplimiento de las escolaridad obligatoria y cooperación con las administraciones educativas en la obtención de solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria o educación especial.

El alcalde de Teror, Juan de Dios Ramos, ha manifestado su discordancia con la nueva ley, manifestando que "afecta a la calidad de vida de los ciudadanos y en especial a los que menos recursos tienen".

De hecho, afirma que "los niños y jóvenes son los perjudicados", por lo que desde el Ayuntamiento se hacen "gestiones" con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la Fecam "para buscar soluciones a esta lamentable situación creada por el Gobierno de España".

El Pleno de la Corporación ya aprobó el pasado 27 de febrero, con los votos a favor del PSOE y CC-VU y en contra del PP, recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en defensa de la autonomía local.

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