Ben Magec presenta un informe sobre la nulidad jurídica de Anfi Tauro
La Federación Ecologista Ben Magec presentó este martes un dictamen jurídico ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el que se aporta documentación sobre la nulidad jurídica del proyecto turístico de Anfi Tauro.
Así lo aseguró el portavoz de la Federación, Heriberto Dávila, quien informó además de que el colectivo solicita la suspensión del proyecto hasta que se aclare la investigación judicial y su devolución al Cabildo de Gran Canaria ante la “polémica judicial” generada en torno al mismo.
Así mismo, la Federación entiende que es contrario a derecho tanto el anteproyecto como la declaración de interés general otorgada por el Cabildo, según un comunicado facilitado por el portavoz.
Dávila hizo estas declaraciones a los medios de comunicación tras presentar el dictamen en el TSJC, que este martes acordó iniciar diligencias previas sobre la pieza separada que recibió del juez que investiga las supuestas irregularidades urbanísticas en Mogán, donde se pretende construir el proyecto, porque, según varios medios del comunicación, podrían estar implicados miembros del Ejecutivo canario.
El portavoz ecologista informó de que el dictamen fue elaborado en noviembre de 2006 y se presenta como documentación para que la estudie la Fiscalía, ya que cuatro sentencias del TSJC daban como nulo el citado proyecto por distintos motivos.
A juicio de Ben Magec, el dictamen puede ser una “información valiosa” porque recoge cuatro sentencias del TSJC y del Supremo que anulaban los instrumentos de planeamiento de este proyecto, que es además contrario a las directrices de ordenación del territorio y del turismo.
Según Dávila, la documentación que se presenta serviría de prueba en la comisión de supuestos delitos de prevaricación por aprobar un proyecto que se ha demostrado previamente que es contrario a derecho.
Dávila informó de que la Federación también ha presentado este dictamen ante la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario para que, “de una vez por todas, se de por enterada de que el proyecto no tiene ninguna posibilidad de viabilidad” y que también lo facilitará a los grupos del Parlamento para que no den “vía libre” al proyecto.
El portavoz ecologista criticó además a la Consejería de Medio Ambiente por estar “tergiversando una realidad”, porque, desde el punto de vista de las directrices y de la legalidad, la emisión de un informe favorable a este proyecto no la hace el Parlamento.
La Cámara recoge el informe del Ejecutivo y “es la Consejería la que tiene responsabilidad de emitir de manera inminente un informe desfavorable no sólo por la nulidad y las irregularidades que se advierten”, sino por lo que se ha organizado en el ámbito judicial, recalcó Dávila.
Anunció que la Federación está organizando una concentración el próximo día 22 de febrero ante la sede de Presidencia del Gobierno en la capital grancanaria para exigir al Ejecutivo “de una vez por todas” que declare nulo el proyecto por ser “irregular e ilegal”.
