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Bravo pide las competencias sobre el BIC y sus posibles consecuencias negativas

El presidente del Cabildo grancanario, José Miguel Bravo de Laguna.

EFE

Las Palmas de Gran Canaria —

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna (PP), se ha mostrado este martes dispuesto a asumir las competencias que tiene el Gobierno canario sobre la declaración definitiva de bienes de interés cultural y “sus hipotéticas responsabilidades futuras”.

Bravo de Laguna ha aludido así a las declaraciones realizadas el lunes por el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero (CC), quien manifestó su preocupación por los “posibles derechos indemnizatorios” que se deriven de la propuesta para la declarar BIC el oasis de Maspalomas, con la categoría de sitio histórico.

El presidente del Cabildo ha dicho al respecto que, durante su larga trayectoria política, no ha conocido “actos administrativos que, a su vez, comprendan las indemnizaciones que hay que asumir si resultan declarados ilegales por algún tribunal”.

Desde esa perspectiva, Bravo de Laguna se ha preguntado por qué la Ley de Renovación Turística de Canarias “no previó las indemnizaciones si resulta que el Tribuna Constitucional la declara inconstitucional y se perjudican derechos hipotéticos de construcción”.

A su juicio, “las cosas no funcionan así”. Según Bravo de Laguna, “el Gobierno de Canarias tiene la competencia para resolver el tema del BIC con carácter definitivo y esa resolución implica también que, si al final se declarase ilegal, las indemnizaciones corresponderían al órgano que tiene la competencia”.

Sin embargo, ante la preocupación que ha manifestado Rivero, el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha considerado que “el Gobierno canario lo tiene muy fácil: ¿por qué no transfiere la competencia a los cabildos?”.

“Yo asumiría con sumo gusto la competencia plena para decidir sobre las declaraciones de BIC en Gran Canaria, por lo que asumiríamos las hipotéticas responsabilidades futuras”, ha asegurado.

Para Bravo de Laguna, “lo que no puede ser es que el Gobierno canario tenga la competencia y, al mismo tiempo, endose a otros las posibles consecuencias negativas de esa competencia”.

Sobre lo que decidirá finalmente el Ejecutivo regional sobre esta propuesta de BIC, que ha impulsado el Cabildo grancanario, Bravo de Laguna ha destacado que el expediente “está muy bien articulado y tiene informes favorables por todas partes”, de ahí que, a su juicio, “para que el Gobierno canario lo rechazase tendría que poner encima de la mesa por lo menos informes contradictorios”.

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