Briganty lamenta la ''connotación política'' de 'Eolo' ante el Parlamento
El abogado Alfredo Briganty afirmó este lunes que su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el concurso eólico “ha podido empañar todavía más la imagen y reputación de una persona inocente” afectada por una trama “que será recordada por sus profundas connotaciones políticas”.
El abogado y secretario de Promotora de Recursos Eólicos rechazó someterse a las preguntas de los diputados en su condición de imputado “por la presunta comisión de un delito que jamás” cometió, al igual que ocurrió durante la comparecencia de este lunes del apoderado de la misma empresa, José Ignacio Esquivel. “En ocasiones me he sentido ya condenado; y ni tengo ni he tenido intereses económicos en concurso alguno, y menos en el eólico”, aseguró Alfredo Briganty.
Añadió que esta supuesta trama nada tiene que ver “con relaciones entre hermanos, cuñadas y otros parentescos” y aseveró que todo es “mucho más simple” de lo que se ha difundido. “Como barrunto que ya han percibido” los diputados que forman parte de la comisión de investigación, intuyó.
Al respecto, aseguró que “ojalá sirva esta comisión para desterrar la sensación de impunidad de la que se han beneficiado algunos desaprensivos” y manifestó que en el caso del concurso eólico, “nadie se ha beneficiado de una supuesta información privilegiada”.
“Nada tengo que ocultar y soy el primer interesado en hablar”
Alfredo Briganty añadió que acudió al Parlamento regional para cumplir con sus obligaciones como ciudadano español “y sobre todo canario”, además de por respeto a la Cámara, pero aseveró también que se sintió “sorprendido por el tenor de la citación recibida el 10 de noviembre”. Explicó que como “lamentablemente” ha sido imputado y está sometido a la tutela del juzgado de instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria, po lo que le está vedado divulgar cualquier información y conocimiento que tenga del sumario.
También su condición de abogado “de alguna persona o empresa afectada por este asunto” le obliga a guardar secreto, y recordó que el juzgado que instruye el caso ha dictado la improcedencia de remitir a la comisión de investigación el sumario en cuestión “con toda la razón, porque el Parlamento no es parte de este proceso”. Por tanto, “no me queda más remedio que cumplir con la legalidad aunque tenga ganas de hablar”, añadió Briganty, quien aseguró que todo lo que se ha divulgado en este asunto “es incierto”.
“Nada tengo que ocultar y soy el primer interesado en hablar para que la ciudadanía conozca todo lo que verdaderamente subyace detrás de este asunto”, agregó. Reiteró también su convicción de que “no es bueno” que cuando hay un proceso judicial abierto que otros estamentos “como el Parlamento” se dedique a esclarecer asuntos que investiga la justicia.
Aseguró que no ha habido concurso eólico porque fue suspendido por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en septiembre de 2005 y que “por razones sorprendentes” no se publicó hasta finales de marzo de 2006 en el Boletín Oficial de Canarias. La orden de convocatoria del concurso se modificó en los días previos a su aprobación, así que su supuesto conocimiento por parte de terceros “fueron imposibles”, jamás se constituyó la mesa de contratación y la única persona de las imputadas que podía formar parte de ella no fue llamada a esta labor.
Aseveró también que ninguno de los imputados ha podido mediatizar “supuestas adjudicaciones” y añadió que acuden a la comisión parlamentaria “arrastrados por las circunstancias”. No obstante, se mostró dispuesto a disipar cualquier duda que tuviera la comisión y volver a comparecer tan pronto culmine la labor del juzgado, y consideró, como en su opinión se ha dicho anteriormente, que la “operación Eolo quizás signifique un antes y un después en la labor judicial de Canarias”.
Abogó por acabar “con las escandalosas filtraciones a los medios de comunicación”. A su juicio, se ha hecho “daño a personas inocentes y no sólo a mí, que tengo espaldas para aguantar esta carga, sino a mi familia”, con elucubraciones que han dado lugar a un juicio paralelo “prescindiendo de la sagrada presunción de inocencia”.
No obstante, opinó que “de las cosas malas siempre se obtiene algo positivo” y en este caso puede ser que el Parlamento ejerza su función como garante de los principios democráticos y del respeto a la legalidad “propiciando que se depuren responsabilidades si las hubiera”.
Intervenciones de los partidos
El diputado del grupo Socialista Santiago Pérez respondió al abogado que el Parlamento no es meramente un estamento sino el órgano institucional de máxima representación del pueblo canario, y tiene potestad para constituir comisiones de investigación con el mismo objeto que la justicia. “Son campos distintos” y el Parlamento tiene una finalidad esclarecedora y de exigencia de responsabilidades políticas, añadió Pérez, quien se refirió a la “encendida declaración” del abogado proclamando su inocencia “y su ajenidad a los hechos”, con juicios de valor que ponen en cuestión la corrección de la actuación parlamentaria.
El portavoz del grupo Popular, Jorge Rodríguez, criticó el que el diputado socialista se permita hacer discursos políticos, lo que negó la presidenta de la comisión, Guadalupe González Taño, mientras que el parlamentario del PP Manuel Fernández consideró improcedente abrir un debate con intervenciones que pueden ser mal interpretadas. Gloria Gutiérrez, diputada del PSC, puntualizó que la orden de convocatoria del concurso eólico no fue anulada por el TSJC, sino el decreto que la sustentaba, y posteriormente la actual consejera de Industria, Marisa Tejedor, sí adoptó la decisión “política” de anular dicha orden.
Alfredo Briganty fue una de las personas detenidas en la primera fase de la investigación judicial en el llamado caso Eolo que inició el juez Miguel Angel Parramón, que posteriormente decretó su libertad bajo fianza de 100.000 euros.
