CC y PP rechazan fiscalizar los contratos de Roldós
CC y PP votaron en contra de la propuesta del PSC para que el Parlamento ordene a la fiscalización “del total de las contrataciones llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad o a través del Servicio Canario de Salud” durante los últimos cuatro años, coincidiendo con la etapa de Mercedes Roldós al frente del departamento.
Previamente, el diputado socialista Manuel Fajardo había recordado en el Parlamento que en la Cuenta de Fiscalización de la Comunidad Autónoma en 2009 realizada por la Audiencia de Cuentas se detectó el “dato demoledor” de “un total de 27.771 contratos nulos” llevados a cabo por la Consejería de Sanidad sólo en ese año.
Según Fajardo, esa “infracción de la Ley de Contratos” asciende a “212 millones de euros, 35.000 millones de pesetas”, lo que es motivo suficiente para que el Parlamento fiscalizara la etapa de Roldós al frente de Sanidad.
Fajardo también recordó que el Informe de la Intervención Delegada de la Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio Canario de Salud, de octubre de 2008, “habia observado contratos menores con cargo a un mismo interesado”, y añadió la irregularidad que ha supuesto la tramitación de la adjudicación de la hemodiálisis en los hospitales Doctor. Negrín, de Las Palmas de Gran Canaria, y José Molina Orosa, en Lanzarote, “informes y hechos de los que se colige que, durante la presente legislatura, se ha venido incumpliendo por parte de la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de Salud la Ley de Contratos del Sector Público”.
Sin embargo, estas argumentaciones del socialista no convencieron a los ex socios del Pacto, aunque el portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, abrió la puerta a apoyar “una investigación sensata” y no tan generalizada
“Si quieren investigar algo, digan concretamente el qué y no lo presenten de forma genérica, porque la Audiencia de Cuentas ya ha declarado nulos los contratos, si presentan una solicitud en esos términos pueden contar con nosotros en aras de la transparencia”, aseguró.
Por su parte, la ex consejera Mercedes Roldós acusó al PSC de llevar a cabo “una cacería política, como la que les gusta hacer con camarillas policiales, porque hay que tener desvergüenza política para decir que los expedientes de nulidad son fraude de Ley”.
Por ello, Roldós presentó una enmienda in voce a la propuesta socialista con el fin de que la fiscalización “no se circunscriba a Sanidad sino que se extienda a todo el Gobierno” pero, sin embargo, el Reglamento impide que se modifique el texto de la propuesta de una solicitud de informes a la Audiencia de Cuentas.
Al respecto, Fajardo pidió a Roldós que “presenten una iniciativa en este sentido”, pues el PSC va a hacer lo propio “con otras consejerías del Gobierno, antes de que finalice la legislatura”.
No obstante, el diputado socialista dijo que “no se la hubiera admitido tampoco, porque no queremos entrar en la estrategia del y tú más, que es lo que ha pretendido”.
Roldós calificó de “parafernalia indecente” el tratamiento que el PSC había hecho de la adjudicación provisional de este servicio a la empresa Lifeblood, afirmando que esta iniciativa no era más que una parte más de esa estrategia
Por su parte, Barragán aseguró que “lo que buscan es el titular de que la Audiencia investiga a Sanidad”, pues es imposible que la Audiencia de Cuentas “haga una investigación de todos los contratos gestionados en cuatro años por una Consejería que gestiona el 40% del Presupuesto”.
“Y si es imposible, lo que propone la diputada Roldós de extenderlo a todo el Gobierno, lo es mucho más”, concluyó.
