CC y PSC tienden la mano al PP para anclar el REF a la reforma del Estatuto

Los diputados del PSC-PSOE y de Coalición Canaria, Julio Cruz (d) y José Miguel Ruano (i), respectivamente.

EFE

Santa Cruz de Tenerife —

Coalición Canaria y PSC han detallado este miércoles su propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que, entre otros aspectos, quiere anclar el Régimen Económico y Fiscal (REF) para la que ofrecen puentes tendidos al PP, pues ven irresponsable que no se sume al debate en busca de consenso.

La proposición de ley que busca modificar el actual Estatuto de Autonomía, vigente desde hace 32 años, fue registrada el 14 de febrero en el Parlamento de Canarias por los grupos parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista y, según dijo hoy el diputado del PSC Julio Cruz, no ofrece propuesta alguna que choque frontalmente con la posición del PP.

De hecho, coincidió el presidente del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, el texto parte del consenso entre las dos fuerzas políticas que sustentan el pacto de gobierno en Canarias pero incluye además las enmiendas que se pactaron con el PP en Canarias y en las Cortes en el último intento frustrado de reformar el Estatuto, en 2007.

Ambos diputados confiaron en que si el PP se suma a los trabajos y se materializa una propuesta de consenso, el nuevo texto estatutario podría ser aprobado por las Cortes Generales antes de que acabe la legislatura estatal, en noviembre de 2015.

En todo caso, los grupos de CC y PSC se proponen que en 2014 culminen los trabajos en favor de la reforma que corresponden al ámbito autonómico, y que comienzan con el trámite como proposición de ley conforme al artículo 152 del Reglamento de la Cámara y concordante, es decir, artículo 137 y siguientes.

Una vez admitida la iniciativa por la Mesa, se procederá a su publicación y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio, detalló Julio Cruz en rueda de prensa, en la que manifestó que transcurridos 30 días, estará en disposición de incluirse en el Pleno, que lo debatirá y adoptará la decisión de su toma en consideración.

Cuando se tome en consideración se solicitará informe del Consejo Consultivo y posteriormente, se oirá a la Comisión General de Cabildos y se abrirá un plazo de 15 días para enmiendas a la totalidad, sin que quepa enmienda de devolución.

Si se presentan enmiendas a la totalidad se debatirán en pleno y proseguirá el procedimiento con la apertura del plazo para enmiendas al articulado y una vez terminado, se remitirá a la comisión correspondiente, que establecerá una ponencia para estudiar las enmiendas, volverá a comisión el informe de la ponencia y ésta enviará un dictamen al Pleno para su aprobación definitiva.

Es un proceso “largo y complejo” en el que están involucradas varias instituciones autonómicas antes de que el texto pase a las Cortes, donde debería aguardar “turno” ante otras propuestas de reforma estatutarias y donde debe ser aprobado por Ley Orgánica, excepto en el caso de que se introduzca una modificación “sustancial” que haga que la Comunidad Autónoma lo retire, como ocurrió en el último intento, recordó Julio Cruz.

José Miguel Ruano insistió en que CC y PSC tienen “las puertas abiertas” para que el PP se sume a esta iniciativa pese a que los populares usan “chascarrillos” para argumentar su oposición a debatirla en la actualidad.

No es serio esta postura, dijo Ruano, puesto que el PP no es un partido extraparlamentario y por lo tanto debe actuar con responsabilidad y sumarse a los trabajos en la Cámara.

Al respecto, Julio Cruz dijo que la propuesta de reforma no restringirá, retrasará ni limitará iniciativa alguna que se encuentre en trámite en el Parlamento de Canarias, al tiempo que José Miguel Ruano se preguntó si es “sostenible” argumentar que no es el momento de este debate porque el Gobierno regional debe centrarse en la crisis, pues “una cosa no quita la otra”.

Julio Cruz consideró sobre este asunto que Canarias podrá afrontar mejor y con más garantías para los derechos de los ciudadanos una situación similar a la actual con un nuevo texto estatutario, pues el actual sirvió para que las islas saliesen de una época económica difícil y ahora se trata de seguir impulsando este objetivo.

Para ello el texto propuesto se centra en la definición de Canarias como “archipiélago atlántico” dentro de España y región ultraperiférica de la UE, lo que exige “modular” las políticas estatales en las islas, como las referentes a puertos, aeropuertos, inmigración y transportes, entre otras.

También se introduce la propuesta de reforma electoral con una reducción del tope insular del 30 por ciento actual a un 15 por ciento, y del regional del 6 al 3 por ciento, además de establecer una circunscripción electoral regional, aspectos que tanto CC como PSC están dispuestos a debatir con el resto de grupos parlamentarios.

El texto regula los derechos de los ciudadanos “en un sentido moderno”, con alusiones a la familia, la discapacidad y dependencia, igualdad, orientación sexual, salud, educación, testamento vital, vivienda, derecho a una renta de ciudadanía y a la memoria histórica, entre otros.

La propuesta aborda además otro bloque referente a los poderes públicos de la Autonomía, cabildos, municipios, justicia y fundamentalmente, el afianzamiento de las medidas previstas en el REF y su compatibilidad con las ayudas de Estado europeas, de forma que no se vean sujetas a modificaciones “sustanciales” y a un “vaciado” por leyes estatales.

En este aspecto también se busca garantizar una cuantía medida estatal de inversiones, la financiación autonómica y un apartado dedicado a las competencias de la Comunidad.

José Miguel Ruano precisó que el preámbulo introducido en esta propuesta es más simple que el de la última ocasión en que se intentó reformar el Estatuto, y se circunscribe al texto pactado en ese momento por todos los grupos en las Cortes.

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