CC apremia para aprobar la Ley de Aguas Canarias
El PSOE y Coalición Canaria incorporaron este jueves sus enmiendas a la propuesta de delimitación de espacios marítimos de Canarias, tras un adelanto de la reunión de la Ponencia que inicialmente iba a reunirse el día 15.
De este modo, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso podrá aprobar el próximo jueves día 9 el dictamen, que irá ya directamente al Senado, sin pasar por el Pleno del Congreso, existiendo margen suficiente para aprobar la futura Ley de Aguas Canarias antes de fin de año.
Coalición Canaria condicionó en las últimas horas su respaldo final en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado que este jueves han sido vetados por el Senado a un adelanto del calendario que garantizase la aprobación antes de fin de año.
Si bien el PSOE quería incorporar al PP al consenso, Coalición Canaria prefiere que la futura ley se apruebe cuanto antes, aunque no tenga el respaldo del PP, cuyo diputado por Las Palmas Guillermo Mariscal ha manifestado que “tal como está planteada, no sirve para nada” y constituye “una tomadura de pelo”.
El diputado del PSOE por Santa Cruz de Tenerife José Segura Clavell ha admitido que buena parte de las prisas de CC provienen de su deseo de “utilizar este asunto como un éxito” en las próximas elecciones autonómicas de mayo.
En las enmiendas del PP y CC, además de modificarse la propia denominación de la Ley, que pasará a llamarse de Aguas Canarias y no de Delimitación de Espacios Marítimos de Canarias, se indica que el establecimiento del perímetro de líneas de base recta en el que quedarán encerradas las aguas canarias “no alterará las demilitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias, tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente”.
Además, se modifica la iniciativa original de CC señalando que el ejercicio de competencias estatales o autonómicas sobre dichas aguas y, “en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecida constitucional y estatutariamente”.
