Los grupos arremeten contra las prácticas de “chiringuito” del Gobierno al contratar personal sin publicidad ni concurrencia
Todos los grupos parlamentarios excepto Coalición Canaria (CC) han recriminado al Gobierno canario la cuantía de la deuda pendiente de cobro, que alcanzó los 408,6 millones de euros en 2016, así como las prácticas de “chiringuito” a la hora de contratar personal sin publicidad ni concurrencia.
Los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, excepto la nacionalista Elena Luis, arremetieron contra lo que consideran práctica “endémica” del Ejecutivo regional de desoír las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas, como pone de relieve este organismo en el informe de la cuenta general de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2016.
En el debate parlamentario en torno al citado informe los portavoces nacionalista y socialista, Elena Luis e Iñaki Lavandera, se recordaron mutuamente que en 2016 ambos grupos eran socios de gobierno, pero el del PSC manifestó que cuando gobernaron juntos “hubo dos etapas bien diferenciadas”.
A partir de la entrada de Fernando Clavijo en el gabinete los dos socios mantuvieron continuamente posturas “encontradas”, pues uno giraba a la izquierda y otro tiraba hasta la derecha hasta que al final “se rompió la cuerda”, apostilló Lavandera.
Elena Luis recordó que en 2016 el Gobierno tuvo que recurrir a un cierre anticipado presupuestario para evitar incumplir la regla de gasto y diseñó un plan económico y financiero que finalizará el próximo año.
Sin embargo, añadió, el PSC habla de las nefastas consecuencias de esta decisión para la eficaz gestión del Servicio Canario de la Salud, se preguntó si en 2016 no estaban “cogobernando” y respecto a las críticas por la contratación de personal, añadió que en una propuesta de resolución de CC pide instar a revisar estos procesos para un mayor control.
Iñaki Lavandera aludió a la práctica del “enchufismo” y opinó que tras 25 años de gobierno de CC se genera resistencia a la calidad democrática, al mérito y a la transparencia.
También el parlamentario se preguntó el motivo por el que han aumentado en un 3.722 por ciento las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de la Agencia Tributaria Canaria, “algo inaudito” según Lavandera.
Asimismo cuestionó la obligación de pagar 7,3 millones de euros por la ejecución de un aval directo concedido a Proyecto Monumental Montaña de Tindaya pues se ha acreditado que la concesión minera carece de valor, recordó, y pidió también que se cuantifique el total de los gastos incurridos desde su inicio hasta la fecha de hoy en esta propuesta.
El diputado del grupo Popular José Estalella advirtió de que el Parlamento no puede permanecer impasible viendo año tras año cómo la Administración no da cumplimiento a las observaciones de la Audiencia de Cuentas.
Entre otras críticas expuestas en el informe, la Audiencia de Cuentas argumenta que no es posible conocer de forma razonable la cifra de gasto y sus desviaciones al no existir un módulo informático para su seguimiento, y tampoco se incluye información sobre la ampliación de créditos sin cobertura presupuestaria, citó Estalella.
Organismos como el Servicio Canario de Empleo y la Agencia Tributaria aprobaron sus cuentas después del plazo máximo previsto, el 10 de abril, y lo hicieron el 30 de agosto del citado año, y a la Audiencia de Cuentas no le consta la aprobación de las partidas de Radiotelevisión Canaria ni del Consorcio del Rincón, añadió.
Tampoco consta al órgano auditor el proceso seguido para la contratación de personal en Gestur Tenerife, RTVAC y Grecasa, pues se realizó sin los requisitos de publicidad y concurrencia, lo que “en la calle se conoce como un chiringuito”, reprochó Estalella.
Además se genera incertidumbre sobre la capacidad de proseguir su actividad de Gestur Tenerife, pues tiene deudas por más de 20 millones de euros y ninguna Fundación, excepto la de la Sagrada Familia, cumple en su totalidad con sus obligaciones de carácter económico y financiero.
“Este Parlamento tiene que obligar a la administración canaria a cumplir con las mínimas normas que se le exigen al ciudadano corriente. Es inadmisible”, reprochó el diputado popular.
A su vez la diputada de Nueva Canarias Esther González recordó que las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas que incumplió el Gobierno regional en 2016 ascendían a 29 y calificó de “preocupante” la cuantía de la deuda pendiente de cobro, con una cifra “elevadísima” de 408,6 millones de euros producto “de la nefasta gestión” recaudatoria del Gobierno regional “que sigue sin corregir”.
Además la parlamentaria aseguró que “las facturas en la gaveta”, las pendientes de aplicar, se han incrementado en un 68 por ciento y llegan a los 280,5 millones de euros.
Manuel Marrero, de Podemos, expresó su inquietud por el hecho de que debería instarse a las instituciones “a cumplir la legalidad” y apuntó que su grupo pedirá a la Audiencia de Cuentas un informe sobre la situación de Grecasa, pues la información que proporciona esta entidad es “incompleta” y si no es “entorpecimiento”, al menos es “obstrucción”.
También consideró “inadmisible” que el Servicio Canario de Empleo sólo haya ejecutado en 2016 un 74 por ciento de su presupuesto y el Instituto Canario de la Vivienda el 78 por ciento, frente al casi cien por cien de otros organismos autónomos, lo que calificó de “inconcebible” y se preguntó cómo se puede contar esto a la sociedad canaria.
Por el grupo Mixto Melodie Mendoza dijo que las deficiencias que observa la Audiencia de Cuentas en la actuación del Gobierno regional ya parecen “endémicas” y evidencian “el poco caso” que hace el Ejecutivo a sus informes de fiscalización.
Añadió Mendoza que del informe se desprenden “irregularidades continuas” en las contrataciones de las empresas públicas de personal y servicios a terceros y también, prosiguió, es “muy grave” que se quedaron sin financiar 210 proyectos de apoyo a empresas canarias, por lo que dudó de la capacidad de Sodecan de gestionar los fondos para este fin.
También se detectan irregularidades contables en Visocan, dijo la diputada de la Agrupación Socialista Gomera, quien pidió que se controlen que las sociedades públicas no usen instrumentos financieros del tipo “swaps” y conminó al Gobierno regional “a ponerse las pilas porque tiene que mejorar mucho para tener unas cuentas exactas”.
