El Cabildo de Gran Canaria vende como incentivo para contratar a personas de difícil inserción una ayuda para toda la ciudadanía
El Cabildo de Gran Canaria vendió a bombo y platillo una subvención bajo el título Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción que desde el principio servía para cualquier persona desempleada. Como difundió el pasado mes de febrero a través de un comunicado, se destinan de 3,5 millones de euros para que las empresas contraten a un millar de personas de colectivos considerados de difícil inserción, desempleados de larga duración, mujeres, mayores de 45 años y menores de 25 años.
Pero en realidad basta con leer las bases de la convocatoria para darse cuenta de que lo que se vendió como un incentivo para estos colectivos sirve para cualquier persona que esté desempleada con el único requisito indispensable de que sea residente en Gran Canaria, algo que también matizó en la propia rueda de prensa el consejero de Empleo, Gilberto Díaz. La justificación que dan desde la Consejería de Empleo de por qué la bonificación es abierta para cualquier desempleado es que al tratarse de una ayuda pública no se puede excluir al resto de ciudadanos, pero hacen hincapié en que se bonifica especialmente a los colectivos de difícil inserción.
La subvención está enmarcada dentro del Fdcan y está financiada al 50% por el Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria. Tres millones se destinan a los incentivos -2,5 millones a empresas y 500.000 a organizaciones sin ánimo de lucro-, y los 500.000 restantes a la gestión, de la que se encarga la Fundación Universitaria de Las Palmas (Fulp) a razón de 50.000 euros para poner en marcha el programa y 350 euros por contrato que se firme.
La cantidad incentivada varía según el grupo de cotización y la duración del contrato, que también puede ser de formación y prácticas, y se pueden acumular si la persona pertenece a dos de los colectivos de difícil inserción. La Fulp ha creado un simulador en el que se puede conocer a qué ayudas se pueden acoger la empresas. Así, por ejemplo, la diferencia en el beneficio entre un hombre desempleado y un desempleado de larga duración, ambos con titulación universitaria, para un contrato temporal a jornada completa es solo de 200 euros.
Con estos incentivos, la empresa tendrá una ayuda económica para hacer frente a los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados del contrato laboral suscrito con las personas destinatarias entre el 1 de julio de 2017 al de 30 de abril 2018, por lo que asimismo se está prestando ayudas a contratos que se iniciaron más de medio año antes de que se presentara esta iniciativa y que incluso podrían estar ya concluidos. Y a ello hay que añadir que son compatibles con las ayudas de bonificaciones a la Seguridad Social con el fin de “fomentar las contrataciones a este tipo de colectivos”, recalcan desde el área de Empleo, aunque sirve para cualquier desempleado.
Para el portavoz de Podemos en la Corporación grancanaria, Miguel Montero, con esta ayuda “el Cabildo paga a los empresarios por hacer contratos precarios” ya que se permiten realizar contratos de formación que se caracterizan por tener sueldos por debajo de los convenios. En un principio no se iban a incluir este tipo de contrataciones, pero según explican desde el área de Empleo la decisión fue tomada por el consejero Gilberto Díaz.
Montero entiende que la convocatoria llega con ocho meses de retraso, lo que demuestra “que el pasado año en empleo no hicieron nada, que el Fdcan no se está ejecutando y que con tal de poder gastarse el dinero son capaces de subvencionar la nómina y la Seguridad Social de cualquier trabajador sea o no colectivo de difícil inserción, que haya acabado incluso el contrato o que este sea temporal, en prácticas o en formación”.
El consejero sostiene que esta ayuda “se resume en que están pagando nóminas y Seguridad Social de contratos ya finalizados” y que, igualmente, “el grupo de gobierno miente cuando dice que no puede discriminar con las ayudas públicas cuando la semana pasada sacó una convocatoria a cargo del Fdcan a personas cuyas familias estén enteras en paro”. En definitiva, define estos incentivos como algo “propagandístico”.
