Canarias llevará a los tribunales el copago hospitalario
El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves emprender acciones judiciales contra la resolución del Ministerio de Sanidad que modifica las condiciones de financiación de 157 medicamentos de dispensación en los servicios de farmacia de los hospitales y en los que establece la aportación económica de los usuarios.
Se trata de la segunda acción que la Consejería de Sanidad emprende contra esta resolución, de obligado cumplimiento por el conjunto de las Comunidades Autónomas, que deja fuera de la financiación pública a este grupo de medicamentos y sobre los que se establece un porcentaje de aportación por parte de los pacientes, conocido como “copago hospitalario”, ha indicado el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La primera acción adoptada consistió en un requerimiento previo a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dirigido a la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por el que se solicitaba la revocación de la Resolución, que fue finalmente desestimado por la Secretaría General de Sanidad y Consumo, dependiente del Ministerio.
En esta ocasión, y como paso siguiente, se recurrirá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con la finalidad de que sea revocado definitivamente el establecimiento del “copago hospitalario”.
La decisión de emprender acciones judiciales por esta vía se sustenta en que la medida es nula de pleno de derecho, al adoptarse a través de un acto administrativo y no como disposición general de rango reglamentario, lo que hubiera requerido la solicitud de informes preceptivos, como los del Consejo de Participación Social del SNS, y cuyo procedimiento representa una garantía frente a las potestades de la Administración, según el Gobierno canario.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, ha comunicado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Sanidad el rechazo rotundo de Canarias a la ampliación del copago en la prestación farmacéutica y, más recientemente, a su aplicación a medicamentos de dispensación hospitalaria, por entender que la medida es “socialmente injusta”, no generará ahorro y puede inducir al abandono de tratamientos en pacientes graves o crónicos.
