Canarias reprocha al Estado que con 351.476 euros “no puede modernizar la Justicia”

El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de presidencia. (EFE/Ramón de la Rocha).

Efe

Santa Cruz de Tenerife —

El consejero canario de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, ha calificado este jueves de “claramente insuficiente” la partida presupuestaria del Estado para el programa de mejora y reforma de la Justicia, que en el caso de las islas asciende a 351.476 euros.

Esta cantidad se asigna con cargo al Programa de Reforma de la Administración de Justicia y el consejero subraya que es insuficiente para facilitar la implantación de mejoras en este servicio público esencial, afirma Aarón Afonso en un comunicado de su departamento.

Además el crédito para 2016, lamenta, supone apenas 3.882 euros más que la partida presupuestaria recibida el pasado ejercicio.

Afonso expuso, tras el pleno de la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia, que se si quieren implantar mejoras que incidan en un servicio público de mayor calidad “con estos escasos 351.476 euros no vamos a solucionar las necesidades de la Justicia canaria”.

Este reparto “se distancia mucho de nuestro objetivo de dotar de los recursos humanos y los medios materiales necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia”, agrega.

Insiste el consejero en que además de llevar a cabo una renovación total del equipamiento informático, la Consejería “ha tenido que trabajar a contrarreloj en los últimos meses” para que desde los órganos judiciales puedan presentar escritos y documentos y realizar actos de comunicación procesal a través del sistema telemático Lexnet, como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil el pasado 1 de enero.

“Apostamos por la modernización en los procedimientos judiciales pero con una planificación y no de manera improvisada y sin cobertura financiera como ha hecho el Ministerio”, critica.

Al respecto, el consejero ha solicitado una moratoria para que puedan convivir el papel y la comunicación telemática hasta que Lexnet esté plenamente integrado en Atlante II e incorporada la firma electrónica.

El consejero detalló que los criterios que ha empleado el Ministerio para la distribución del crédito de seis millones de euros para el proyecto de mejora y reforma de la Justicia entre las comunidades con competencias en la gestión de medios materiales y personales son: la población de derecho (datos referenciados a 1 de enero de 2015); la litigiosidad (número de asuntos ingresados en juzgados y tribunales en el año 2015) y la planta judicial (número de unidades judiciales a 1 de enero de 2016).

Durante la reunión también se abordó, entre otros asuntos, el estado de implantación de la comunicación telemática de recién nacidos desde los hospitales a los registros civiles.

A través de esta medida, actualmente instalada en todos los hospitales públicos de Canarias, se han comunicado un total de 1.636 nacimientos.

Asimismo, se trató la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), integrada en el Ministerio de Justicia y que tiene asignada la función de incrementar la eficacia de la recuperación de bienes cuya procedencia esté basada en la comisión de un delito, así como la colaboración de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el Instituto Nacional de Estadística.

Antes de la reunión de la Sectorial de Justicia, el consejero mantuvo un encuentro con la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, a quien solicitó la posibilidad de que la tramitación del convenio de modernización para la mejora y la reforma de la Justicia sea con carácter plurianual o, al menos, con opción de prórroga.

Al mismo tiempo, le trasladó el interés del Gobierno de Canarias en que se incluya la atribución de funciones a un letrado de la Administración de Justicia a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad para la colaboración en la ejecución del proyecto de la oficina judicial y fiscal en Canarias.

Por tal motivo, Afonso expuso a la secretaria de Estado la viabilidad de aprobar un programa plurianual para la implantación del expediente judicial electrónico y el nuevo modelo organizativo en las islas.

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