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Canarias paga el 55% del daño que el tendido de Endesa provoca a las aves protegidas

El Gobierno firma un convenio con la eléctrica italiana, que opera en régimen de monopolio en las islas, para actuar sobre 57 puntos potencialmente peligrosos para especies como el guirre

Para explicar la operación, el Ejecutivo se ampara en un real decreto que en realidad regula las subvenciones del Estado, que sí dispone de una línea de financiación para esas infraestructuras peligrosas

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Guirre electrocutado en un tendido eléctrico de Fuerteventura. SEO Bird

Guirre electrocutado en un tendido eléctrico de Fuerteventura. SEO Bird

El Gobierno de Canarias pagará con dinero público las medidas para minimizar los daños que el tendido eléctrico de Endesa provoca en las aves protegidas, particularmente el guirre, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Así se recoge en un convenio suscrito este lunes entre el Ejecutivo y la compañía italiana, que opera en el Archipiélago canario en régimen de monopolio y que en ocasiones supera los 300 millones de euros de beneficios solo en este territorio.

Según ese convenio, firmado por la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, y el director de Endesa Distribución en Canarias, Mario Gros, se invertirán los próximos tres años poco más de 155.000 euros en “minimizar al máximo” los daños instalando salvapájaros y otros elementos que eviten que las aves se electrocuten al posarse o colisionen con el tendido eléctrico. El Gobierno aportará de fondos públicos más de 57.000 euros, mientras que Endesa solo contribuirá con el 45% del gasto total de la operación, 47.000 euros, a pesar de ser el titular de las instalaciones potencialmente peligrosas.

La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, y el director de Endesa Distribución en Canarias, Mario Gros

La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, y el director de Endesa Distribución en Canarias, Mario Gros Canarias Ahora

Las actuaciones se concentrarán en trece zonas de especial protección de aves (ZEPA), seis en Lanzarote y siete en Fuerteventura, y consistirán en la instalación de aislantes sobre 57 puntos de apoyo que se consideran de alto riesgo a partir del resultado de un estudio realizado por la Dirección General de Protección de la Naturaleza, y en la colocación de “marcas” diseñadas para evitar colisiones en diferentes puntos.

Los cálculos gubernamentales hablan de 38 especies protegidas (320 ejemplares) afectadas por el riesgo que sufren actualmente aves como la gaviota patiamarilla, el alcaraván, la paloma rabiche y el guirre. Solo de esta última especie protegida se estima que cada año mueren tres o cuatro ejemplares como consecuencia del tendido eléctrico de Endesa.

La consejera de Política Territorial justificó la utilización de dinero público sobre unas instalaciones privadas que provocan daños a la fauna canaria aduciendo que “tenemos un plan de recuperación de especies, con fondos del Gobierno de Canarias y del proyecto Life [de la Unión Europea]”. Efectivamente, Canarias ejecuta un plan de recuperación del guirre que permite la cría en cautividad, pero no la actuación sobre instalaciones privadas para proteger especies que esas instalaciones ponen en peligro.

Por la tarde, en un comunicado emitido tras las preguntas de este periódico, Política Territorial se ha amparado en el Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, que en realidad regula las subvenciones del Estado a las eléctricas para que adapten sus líneas de alta tensión a las exigencias de otro real decreto, el  1432/2008, destinado a la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión. 

El representante de Endesa, por su parte, presumió de “la política medioambiental” de la compañía respecto a las aves, conocimiento que aseguró transmitir habitualmente a sus “colegas italianos”. Endesa es, con mucho, la empresa que más contamina en Canarias por la utilización de fuel en sus centrales térmicas de generación,  lo que genera también problemas de salud pública, particularmente en el entorno de sus centrales de Jinámar (Gran Canaria) y Caletillas (Tenerife).

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