Carlos Sánchez condonó medio millón de euros pese a los informes negativos
La decisión del hoy consejero insular de adjudicar la obra para la realización de plazas de aparcamiento y un centro comercial en el municipio satauteño fue tomada en junio de 2003, pese a los informes desfavorables del entonces interventor municipal, Santiago Hernández, en abril de ese mismo año. Además, el hoy secretario del Ayuntamiento de San Bartrolomé de Tirajana y en ese entonces del del Santa Brígida, Marcelino López Peraza, manifestó en el Pleno consistorial que la citada operación no se ajustaba a derecho, opinión que también reafirmó la Audiencia de Cuentas de Canarias, a donde llevó el asunto la concejala de Coalición Canaria Victoria Casas.
Carlos Sánchez afirmó a la Televisión Canaria que “todo se debe a una cuestión política de la que el PSOE quiere sacar rédito electoral”, argumentando que la excención de tasas ya se recogía en el pliego de condiciones que fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento. Sánchez recordó así que ese documento “fue firmado por los partidos que ahora la denunican”.
En este sentido, Antonio Cabrera y Ángeles Medina fueron los concejales socialistas que rubricaron el acuerdo, denunciado por sus compañeros de partido en la siguiente legislatura, en especial Antonio Ramírez, que fue quien instó a Luis del Río, fiscal anticorrupción de Canarias, a interponer la querella contra Carlos Sánchez.
Sánchez está también afectado por otras dos causas judiciales, una por permitir presuntamente la construcción de un inmueble en suelo rústico y otra por utilizar, también presuntamente, a un arquitecto del Ayuntamiento de Santa Brígida para una proyecto de delimitación en una obra de carácter personal.
