Carolina Darias se compromete a que el Parlamento “sea un referente de la transparencia” en España

La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, se ha comprometido a convertir la Cámara regional en “un referente de la transparencia en todas las instituciones, no solo en Canarias, sino en España”.

Una tarea casi épica, pues el Parlamento de Canarias es el segundo menos transparente de España (42,3 sobre 100), con un balance que solo es peor en la Asamblea Regional de Murcia (42 sobre 100), según el ránking publicado por la organización Transparencia Internacional.

Según los datos aportados por Transparencia Internacional, la Cámara está en el último lugar en cuanto a ofrecer información sobre el funcionamiento de la actividad parlamentaria (una puntuación de 25 frente al 81,4 de media).

Asimismo, tampoco resulta bien parado el Parlamento en transparencia en las contrataciones de obras y servicios, en el que se sitúa en penúltimo lugar con una puntuación de 16,7, cuando la media general es de 51,2.

Y también aparece en los últimos lugares en la evaluación de la transparencia económico-financiera (22,2 puntos frente a 49,2 de media) y solo logra buena puntuación en el apartado referido a la información sobre el Parlamento, que no depende de sí mismo sino de los medios de comunicación del Archipiélago (61,5, frente al 73,2 de la media).

Quizás por ello, entre las primeras medidas la presidenta ha reiterado que “en breve se publicará en formato PDF las declaraciones de actividades y bienes de los diputados” que componen la Cámara regional.

Darias cree que es necesario “hacer pedagogía” a través de la información en la página web de la propia Cámara, para que llegue a la ciudadanía todo lo que se hace en el Parlamento. “Se trabaja mucho, pero se conoce poco”, ha asegurado.

Por ello, “con toda la intención”, ha querido que la primera reunión que ha mantenido con los órganos que dependen del Parlamento (Audiencia de Cuentas, Diputado del Común, Consejo Consultivo y Comisionado de la Transparencia) haya sido con el Comisionado de la Transparencia, Daniel Cerdán, por “la importancia y relevancia” que éste va a tener en la IX Legislatura.

Cerdán ha coincidido con Darias en la “necesidad de actualizar constantemente la página web del Parlamento con muchos más asuntos de interés informativo” para la ciudadanía, cuya opacidad actual, que mantiene a la Cámara en penúltimo lugar de la transparencia, es extensible a todas las instituciones de las Islas.

Reglamento y Presupuesto

Pero, para ello, el Comisionado deberá tener “un reglamento y su propio programa presupuestario para llevarlo a cabo”, por lo que Darias espera que a finales del mes de septiembre “ya esté listo el borrador” del mismo.

“El Comisionado es el órgano de transparencia más económico de todos los que se han creado en el Estado, y la intención es que se compartan recursos horizontales con el resto de organismos dependientes del Parlamento y aunque sean pocos, los optimizaremos”; ha recordado Cerdán.

Al respecto, la Mesa del Parlamento de la pasada legislatura acordó en abril (antes de ser elegido Cerdán), que el Comisionado tuviera cuatro empleados públicos a su cargo: un técnico en transparencia, dos administrativos y un ujier.

Como se recordará, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información aprobada el pasado mes de diciembre, el Comisionado es una persona, ajena al Ejecutivo y al Legislativo, cuya función será “el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública”.

En ejercicio de esas funciones se le atribuyen al comisionado el control del cumplimiento de la obligación de publicar la información por los organismos y entidades y, lo que es más importante, “la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos” incluidos los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos.

Por otra parte, el comisionado debe presentar anualmente un informe al Parlamento de Canarias sobre la aplicación y cumplimiento de las obligaciones de transparencia por las distintas entidades públicas y privadas de la Comunidad Autónoma.