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Clavijo descarga sobre los funcionarios de La Laguna todas las responsabilidades del caso Grúas

El presidente dice en El Debate de TVE en Canarias que fueron los funcionarios los que pidieron los informes externos con los que se levantaron los reparos del interventor general del Ayuntamiento

Clavijo solo se tambalea ante las cámaras cuando se le pregunta por el modo en que una empresa de Adeje se hace cargo del agujero dejado por sus siete presuntos amigos: “No tengo por qué saberlo”

Un informe del exsecretario municipal Ceferino Marrero desmiente a Clavijo: el Ayuntamiento podía haber convocado un nuevo concurso y obligar al adjudicatario a subrogarse los trabajadores

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Fernando Clavijo. (Carlos de Saá)

Fernando Clavijo. (Carlos de Saá)

Ninguna decisión fue política. “Todas fueron decisiones funcionariales”. Así se expresó la noche de este jueves en el programa El Debate de Televisión Española en Canarias (TVE-C) el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, frente a seis periodistas que durante casi cuarenta minutos lo sometieron a un (a veces) duro interrogatorio sobre el caso Grúas, por el que probablemente haya de comparecer próximamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en calidad de investigado. Al presidente de la Comunidad Autónoma solo se le tambaleó el discurso cuando se le preguntó quién había cazado al lazo a un generoso comprador que providencialmente adquirió la empresa en ruinas haciéndose cargo de 715.000 euros de deuda de la concesionaria de grúas que sus siete presuntos amigos habían arruinado y, de premio, los dejó al frente de la gestión como si nada hubiera pasado: “No tengo por qué saberlo”.

La presentadora de El Debate, emitido a última hora de la noche por el circuito regional de TVE-C, Nayra Santana, tuvo que pedir a los periodistas que cambiaran de tercio después de casi cuarenta minutos dedicados al caso Grúas. Clavijo se enrocó en su estrategia de defensa: “Las únicas opciones eran rescatar y asumir la empresa, con las deudas y los veintidós trabajadores, o ampliar la concesión para garantizar la prestación del servicio”. Y de ahí no se salió mientras pudo a pesar de la insistencia de los periodistas. ¿Lo volvería a hacer si pudiera dar marcha atrás a la máquina del tiempo?, le preguntó Mayer Trujillo (COPE). La respuesta fue contundente: “Sí, lo volvería a hacer”.

Fernando Clavijo se mostró sólido en todo momento en la verbalización de su defensa en el conflicto judicial que se le abre ante la inminencia de ser llamado a declarar en calidad de investigado (imputado) por la magistrada Carla Bellini, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Él actuó en todo momento “acorde (sic) con los funcionarios y en defensa de los intereses de los laguneros”. En resumidas cuentas, que cuando los sietes presuntos amigos que se hicieron cargo del servicio municipal de grúas, originariamente concedido a Autogrúas Poli, compraron la empresa y se arruinaron, fueron dos funcionarios del Ayuntamiento -comisionados como interventores de la empresa- los que recomendaron todos los pasos que se siguieron, incluido el encargo de dos informes externos a otros tantos catedráticos de la Universidad de La Laguna que sirvieron para desmontar los reparos del interventor municipal, acordar un préstamo de 120.000 euros a los sobrevenidos empresarios, y una ampliación de la concesión para que quien se hiciera cargo de la ruina dejada por aquellos pudiera resarcirse del agujero de 715.000 euros que debía asumir.

Uno de esos reputados juristas es el profesor Francisco Villar (Fran, en versión campechana de Clavijo), que luego colaboró con el presidente en la elaboración de la Ley del Suelo "porque ya había participado en el comité asesor del presidente Paulino Rivero para operaciones estratégicas".

Los documentos contradicen a Clavijo en todas sus afirmaciones. No existe en el expediente ni en la documental aportada a la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento ni una sola solicitud de informe a los dos catedráticos de cabecera del presidente (lo eran entonces y lo siguen siendo ahora) cursada por funcionarios municipales. Es más, el requerimiento de la oposición para que se aportaran tales encargos y el coste que supusieron para las arcas públicas jamás ha sido atendido por el grupo de gobierno.

De la misma manera que tampoco existe ningún informe de los dos interventores destacados en la empresa de grúas que sostuviera ni por asomo la conveniencia de prorrogar el contrato para el generoso comprador que venía en camino. Lo más que pudiera acercarse a tal propósito es una frase vertida en el segundo informe de esos técnicos, de junio de 2014, en el que dicen que “deberá estudiarse la procedencia de la continuidad de la prestación del servicio público de retirada de vehículos de la vía pública en régimen de concesión administrativa en los términos que legalmente procedan y supongan una mayor garantía de los intereses generales”.

Algo que se asemeja bastante a lo que, a raíz de este informe, llega a escribir la directora general del área (cargo de confianza de Clavijo), que para curarse en salud firmó un dictamen favorable a la prórroga del contrato “sin perjuicio de las normas jurídicas que regulan la extinción del mismo”. En ambos casos valía cualquier salida.

Tampoco se sostiene la reiterada afirmación del presidente de que de no haber prorrogado la concesión y apoyar a los concesionarios, el Ayuntamiento se habría visto obligado a quedarse con los 22 trabajadores de las grúas. Un informe de 2013 del secretario municipal de entonces, Ceferino Marrero, al que la oposición vincula estrechamente con el entonces alcalde Clavijo, recogía explícitamente que se podía convocar un nuevo concurso e incluir en sus bases la exigencia de que el adjudicatario se subrogara los trabajadores preexistentes. 

En lo que la versión de Clavijo desbarra por completo es en lo que sucedió después de inyectar 120.000 euros y ampliar la concesión hasta 2029: la llegada de José Luis Tacoronte Moreno, a bordo de Grúas y Servicios Adeje, que de repente compra una empresa ruinosa a los siete presuntos amigos de Clavijo, desembolsa de inmediato 475.000 euros para hacer frente a los embargos más urgentes y deja al frente de la compañía a los administradores que la habían arruinado.

El exalcalde de La Laguna dice ignorar quién llamó a Tacoronte para que acudiera en socorro de aquel desaguisado: “No tengo por qué saberlo”, dijo esta pasada noche en TVE-Canarias. En realidad, sí debería saberlo porque el artículo 29 del pliego del concurso de la grúa municipal de La Laguna obliga al concesionario a pedir autorización al Ayuntamiento ante cualquier cambio societario y traspaso de la concesión. Ni se pidió autorización ni se notificó ese cambio al consistorio por parte del actual concesionario.

Por lo demás, Clavijo arremetió contra el portavoz de XTenerife-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, de quien dijo que “desde que llegó, la oposición se hace en los tribunales”. A su juicio, se enfrenta a una “denuncia política” que no le va a pasar ningún tipo de factura.

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