El Consejo Canario de Cultura estudia ampliar su composición con más miembros del sector
El Consejo Canario de la Cultura podría ampliar su composición mediante una incorporación de nuevos representantes del sector con la idea de diversificar las disciplinas que tengan voz en él a petición de los propios interesados, ha anunciado este martes el Gobierno Autónomo, del que depende.
La iniciativa ha partido de los propios integrantes actuales del consejo, que este martes, en la primera reunión que ha celebrado este órgano en la presente legislatura, “una de las propuestas que hacían era ampliar el número de representantes, porque entendían que con esa composición no iban a poder atender a todas las disciplinas del sector”, ha explicado la consejera del área, María Teresa Lorenzo.
La responsable de Turismo, Cultura y Deportes del Ejecutivo ha recordado que modificar la actual estructura del referido órgano era precisamente una de las propuestas que barajaba con ánimo de revitalizarlo el propio Gobierno, al considerar que su papel no había sido todo lo activo que debiera en la anterior legislatura, cuando solo se reunió una vez.
Frente a esa realidad, Lorenzo ha avanzado que ahora se pretende que el consejo se reúna con una periodicidad semestral y sea un foro donde se escuchen el parecer y las propuestas de los interesados, a fin de “devolver al sector la centralidad que debería tener en las políticas del Gobierno de Canarias”.
Un objetivo al que se desea contribuir con la proyectada modificación de su composición actual, planteada desde “el sentir de que este órgano debería ser más representativo del sector, es decir, que tenga más peso del sector y no tanto de la administración”, ha precisado.
Puesto que, según ha recordado, actualmente forman parte de él 35 miembros, 25 de ellos nombrados en representación de las distintas consejerías del propio Gobierno de Canarias y otros 10 de libre designación a pero elegidos “a propuesta de la presidencia del consejo, es decir, de la administración”, ha explicado.
La consejera ha querido aclarar que, en todo caso, el Ejecutivo ya ha comenzado la reforma que pretende hacer en el referido órgano, mediante la incorporación entre esos diez miembros de libre designación de dos portavoces de las universidades públicas de las islas, “que no estaban representadas en el Consejo Canario de la Cultura”.
“Y, de los ocho miembros restantes, la propuesta que hemos hecho es de que cuatro los designe el propio sector y cuatro la presidencia”, ha apostillado María Teresa Lorenzo, que ha subrayado que, en cualquier caso, “el tema de la composición del consejo todavía no está cerrado”.
“Por lo tanto, admitimos propuestas y les pedimos a los representantes que todavía no las hayan hecho que las hagan, porque están a tiempo de participar en esta modificación”, ha apostillado, invitando especialmente a dirigirse al Gobierno a veintidós asociaciones o representantes de sectores culturales a los que se han enviado cartas pidiéndoles que hagan sus aportaciones.
Aportaciones que algunos han planteado pero otros no, por lo que el Gobierno espera que lo hagan antes de que se apruebe la futura nueva composición del consejo, que se proyecta definir mediante un acuerdo dentro de unos tres meses.
Hasta entonces, la reestructuración de su composición se irá perfilando en el seno de una mesa técnica que convocará el Gobierno Autónomo para elaborar una modificación del reglamento actual del Consejo de la Cultura, según ha dicho.
Esa y otras dos mesas técnicas más, una sobre “cultura y turismo” y otra sobre “cultura y economía” se convocarán a partir de la semana próxima y con el propósito de que se reúnan dentro de unos quince días, de acuerdo a una propuesta que la consejera ha recordado que hizo semanas atrás el presidente regional, Fernando Clavijo.
El cual también ha expresado su propósito de incrementar el presupuesto que se destina la cultura, ha destacado la consejera, que ha matizado que, no obstante, ese es un proyecto que deberá irse definiendo a lo largo del año, en función de las disponibilidades presupuestarias del Gobierno, condicionadas por la evolución del crecimiento económico y del “techo de gasto” fijado por el Estado.
