El Consejo Consultivo no avala la propuesta para regular el fuera de ordenación
El Consejo Consultivo de Canarias ha dado un sonoro varapalo a la propuesta defendida por el parlamentario de Coalición Canaria (CC-CCN), Ignacio González, a través de la cual pretendía cambiar la Ley del Territorio de Canarias con el fin de regular la figura de las edificaciones fuera de ordenación. Esta Proposición de Ley tenía como principal objetivo eliminar las limitaciones de la legislación en vigor sobre los índices de edificabilidad en el suelo urbano consolidado que se fijan en un máximo de 400 habitantes y 1.200 metros cuadrados construidos por hectárea. Sin embargo, el Consultivo responde ahora que las edificaciones han quedado con esta carga urbanística que limita la ejecución de obras y disminuye su valor catastral, por que “no se ajustan al nuevo modelo de estructura urbana que incorpora al Plan General. Las edificaciones fuera de ordenación son así consecuencia obligada y necesaria a fin de dar cumplimiento a la nueva opción de estructura urbana que expresa el Plan” y por lo tanto no un simple capricho de los redactores del mismo.
El Consejo estima que la propuesta de González adolece de diversas inconcreciones que podrían incidir en el “marco de seguridad y certeza jurídica”. Por ello, este organismo apunta que la flexibilización por la que apuesta el parlamentario, “puede comprometer los pilares sobre los que descansa la estructura del ordenamiento urbanístico”. Es más, el organismo consultivo no comprende el uso de término de edificaciones “disconformes pero no incompatibles” con los planes generales y al respecto se pregunta: “¿En qué consiste esa disconformidad compatible?. De entrada, parece que la disconformidad será siempre incompatible y que la compatibilidad presupone la conformidad. En una materia como ésta donde se operan importantes limitaciones de la propiedad privada, convendría disminuir al máximo la incertidumbre jurídica”.
Especialmente críticos se muestran hacia la propuesta dirigida a regular las edificaciones que se califican de “consolidación” que son aquellas construidas con todo tipo de permisos que quedan fuera de ordenación por que un nuevo planeamiento así lo recoge y en las que se permitirían todo tipo de obras, excepto las de ampliación. Al respecto el Consultivo apunta que esta figura supone excluir los mencionados inmuebles del “rigor de las normas” del régimen de fuera de ordenación. También se critica que no se distingan entre los edificios que soportan esta carga urbanística no sólo por cambios en el planeamiento sino también de la normativa legal. Se echa en falta que no se incluyan los procedimientos que deben seguir los propietarios de estas edificaciones para garantizar sus derechos y su inclusión en el Registro de la Propiedad con esta categoría.
El Consejo recuerda las disposiciones de ámbito nacional que regulan y limitan los inmuebles en régimen de fuera de ordenación como son su pérdida de valor, que no son indemnizables, ni pueden servir como garantía hipotecaria. Por lo tanto considera que la utilización del término “simple consolidación” podría implicar que no estuvieran sujetas a estas normas y por ello apuesta por seguir manteniendo la denominación única de fuera de ordenación. En definitiva el Consejo Consultivo llega a imponer hasta una veintena de reparos a la propuesta de González que abarca desde asuntos de fondos de la Proposición de Ley hasta el uso de términos inadecuados. Así por ejemplo se indica que la acreditación “técnicamente admisible” no deja de ser “una remisión indeterminada, que podría afectar a la seguridad jurídica”. Por ello, aunque el Consejo Consultivo reconoce que la Comunidad Autónoma tiene competencias plenas en materia urbanística, -y de hecho el cambio normativo sólo podría ser anulado por el Tribunal Constitucional-, no deja de incidir sobre los reparos impuestos, “singularmente por motivos de seguridad jurídica”.
La iniciativa de González se dirige precisamente a las edificaciones situadas sobre suelo urbano consolidado que no van a ser sustituidas por otras durante el tiempo en vigor del planeamiento y cuya volumetría puede ser asimilada en función de las dotaciones con las que cuentan estas zonas y la fluidez de tráfico. El parlamentario se hacía eco de la alarma social generada, especialmente en Santa Cruz, con la aparición de gran número de edificaciones con este régimen urbanístico por motivo de la altura, un elemento este último que bajo su punto de vista sólo debe ser “orientativo” y no crear “inseguridad jurídica” entre los propietarios. Por ello, González pretendía sacar adelante un cambio legislativo “más flexible” que evite daños “patrimoniales presentes o futuros” entre los dueños de estos inmuebles, que suman ya un 45% de los analizados por la Gerencia de Urbanismo.
Arcila: “Ignorancia y falta de escrúpulos”
El abogado y concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Pedro Fernández Arcila, considera que el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias demuestra “la ignorancia que acreditan los parlamentarios para ajustarse al procedimiento de determinadas reformas legislativas, por lo que este organismo se convierte en un pilar esencial frente a tanto indocumentado que se sienta, gracias a la soberanía popular, a una ley inconstitucional y al dinero de las campañas, en el hemiciclo de la calle Teobaldo Power”.
El abogado estima que este dictamen supone “un suspenso cum laude que dejado fuera de juego a Ignacio González, promotor de esta iniciativa a base de los codazos que lanzó a diestro y siniestro para poder salir en las primeras planas de los periódicos. Este parlamentario, desde su desconocimiento, estaba esperanzado con lograr algún rédito, y por eso quintuplicó su presencia en los medios de comunicación, pavoneando su ignorancia por las ondas de la radio y la televisión, dejando impresa de tinta su osadía. Tuvieron que ser días tan extenuantes como gratificantes para quien por unas semanas se autoerigió como salvador de la patria, pero, ahora, un consejo de sabios lo ha bajado de un pedestal en el que nadie lo colocó y para que se calme le receta sentido común y conocimiento”.
Arcila recuerda que “muchos tuvimos ocasión de anunciar que la propuesta de ese parlamentario sólo pretendía hacer navegar su ignorancia con su falta de escrúpulos, porque en el fondo lo que pretendía era aprovecharse de la inquietud social creada por el fuera de ordenación para eliminar cualquier límite a la edificabilidad, incluso en el suelo urbanizable, para beneficio de quienes le financian su campañas”. En referencia a su padre, Ignacio González Martín, presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife y empresario de la construcción que ha financiado las sucesivas campañas electorales de su hijo.
