El Consultivo avala el plan de ajuste del Gobierno canario
El Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional ha aprobado este martes el proyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales que prevé, entre otras cosas, la creación de nuevos tributos, el incremento del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) y el recorte de un 5% en el salario de empleados públicos y altos cargos.
En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, ha comentado que el texto cuenta con la aprobación del Consejo Consultivo, que no ve aspectos inconstitucionales y solo ha puesto “reparos puntuales” en la argumentación de algunas medidas como el impuesto a las grandes superficies, que estará vinculado a la defensa del medio ambiente.
El proyecto de ley, cuyas medidas se aplicarán en principio solo en 2012, llegará al Parlamento de Canarias este jueves para iniciar su tramitación a lo largo del mes de junio con el fin de que entre en vigor el próximo 1 de julio.
Con respecto al IGIC, se incrementará el tipo general desde el 5% actual al 7%, se elevará el establecido con el 2% al 3%, se mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad y suben en 0,5% los tipos vigentes del 9% y el 13%.
Marrero ha dicho que el impacto real será de 1 céntimo de incremento por euro en el caso del IGIC reducido y dos céntimos por euro en el tipo general, y aunque reconocido que existe “libre mercado”, ha apuntado que el Gobierno estudiará los casos “abusivos” de subida de precios.
Asimismo, ha explicado que se crea un impuesto sobre depósitos a entidades financieras, se reducen algunas bonificaciones fiscales -en el caso de sucesiones y donaciones se elimina- y se incrementan los tributos del combustible.
Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ha comentado que se aumenta la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros anuales, el tipo pasa del 21,5% al 22,58%.
Cierre del segundo canal de la Televisión Canaria
El proyecto de ley también contempla un recorte del 20% para los gastos en contratos externos de RadioTelevisión Canaria (RTVC) y el cierre del segundo canal, y la eliminación de las agencias canarias de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria y Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
Asimismo, se ha ordenado la fusión en un solo ente del ICAP (Instituto Canario de Educación Pública), la Esscan (Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales) y la Agencia Canaria de Seguridad, y se fijan topes salariales en las empresas públicas, cuyos planes de viabilidad insistirán en “cumplir” los presupuestos de cada ejercicio para que no haya “sorpresas” en el cierre del ejercicio.
Según Marrero, las medidas adoptadas por el Gobierno canario tratan de “compensar” el “extraordinario” recorte de fondos del Ejecutivo central en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que asciende a 817 millones.
