Curbelo recalificó un suelo rústico suyo para venderlo a Plasencia
Casimiro Curbelo, ex senador socialista y presidente del Cabildo de La Gomera, Felipe Hernández Rodríguez, único presidente del Cabildo de La Palma que ha tenido el PSC-PSOE, y Antonio Manuel Pérez Pérez, médico de la isla colombina dedicado a la compraventa de terrenos, fueron socios y amigos durante la década de los noventa.
Los tres tenían negocios juntos, siendo Curbelo el máximo referente del poder político en la isla colombina y Felipe Hernández, con posterioridad a la moción de censura que le descabalgó de la presidencia palmera, diputado nacional en las filas socialistas. Y uno de los casos de presunto cohecho investigado en la operación telaraña implica a los tres imputados por el juzgado único de La Gomera con la venta de una pieza de suelo recalificada a Antonio Plasencia, el constructor gomero presidente de la patronal tinerfeña.
Se trata de la pieza de suelo conocida como El Machal, en el municipio de San Sebastián, un suelo rústico común y de protección en el planeamiento de la capital desde 1992 que pasa a ser de uso turístico para explotación hotelera en el Plan Insular de Ordenación aprobado en 2010. Y de paso, la titularidad del suelo se traspasa, a cambio de “cien millones de las antiguas pesetas”, de una sociedad de Pérez, Curbelo y Hernández a la familia de Plasencia, a través de su hija María Eugenia.
Quien pone sobre la pista de este presunto cohecho consumado de Curbelo a la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción es, precisamente, su ex socio Antonio Pérez, con el que mantuvo fuertes desavenencias Curbelo hasta el punto de colocar a un hombre de paja para llegar a acuerdos opacos de transacción comercial.
Pérez Pérez señala a Curbelo en su declaración como imputado como partícipe directo en el delito, ya que primero, siendo alcalde de San Sebastián de La Gomera, Curbelo recomendó a Pérez la compra de esa pieza a la familia Luengo Barreto -abogado de Antonio Plasencia- “al surgir posibilidades de ser urbanizado”, pero para ello el médico debía cederle una tercera parte del suelo como condición que el terreno rústico pasar a ser urbanizable. El otro tercio del suelo sería para el socialista palmero Felipe Hernández.
Los investigadores del caso dan plena credibilidad a las declaraciones de Antonio Pérez, que llegó a aportar a la Guardia Civil varias casettes con grabaciones de conversaciones telefónicas entre él y el propio Curbelo, en la que hablan abiertamente de la operación. En 2000, acordaron la venta del terreno, al surgir un comprador a través de Casimiro.
Consta en el sumario del caso que por imposición del comprador, Antonio Plasencia, los terrenos no debían estar a nombre del médico y socios de Curbelo, por lo que decidieron pasar toda la propiedad a la sociedad Zobeuros SL, propiedad del ex presidente del Cabildo palmero Felipe Hernández, en una especie de compraventa ficticia sin abonar dinero alguno a la empresa vendedora, Nueva Gomera SL.
Lo cierto es que en octubre de 2000 terminó de fraguarse la operación, cuyo ilícito penal no lo centra la investigación en la compraventa, sino en “la existencia de un posible delito de cohecho consistente en el regalo (y decimos regalo porque así lo indica Antonio Pérez) de una tercera parte del terreno por porte de Antonio Pérez a Casimiro Curbelo para que éste, utilizando su influencia y su cargo político, pudiera lograr que ese suelo se reclasificase de rústico a urbanizable, con el consiguiente beneficio económico para todas las partes”.
A juicio de los responsables de la investigación, la venta del terreno a Tele Gomera SL -de los Plasencia- con una condición resolutoria que apunta a un compromiso de recalificación aparente ser “el método” de obtención de beneficios para los tres socios.
La fuerza instructora del caso no solo tiene indicios de cohecho por parte de Casimiro Curbelo a la vista de la declaración de su ex socio, el contenido de las grabaciones aportadas por el médico y la calificación del suelo en el Plan Insular de Ordenación, sino también de otro posible delito de tráfico de influencias.
Fue entonces cuando la condición de aforado del ex senador obligó a parar la investigación y remitirla al Supremo, hasta la dimisión de Curbelo por el affaire de la sauna madrileña.
