Denuncia ante Fiscalía por un pago de 2,2 millones en Santa Cruz
El movimiento político y social Somos Más Frente Amplio ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por un pago de 2,2 millones de euros realizado por el Organismo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz pese a la existencia de un informe en contra de la Intervención municipal. En ese momento, el Organismo estaba presidido por Maribel Oñate (PP).
En un comunicado explican que las irregularidades denunciadas suponen la “transgresión de las más elementales normas que disciplinan la actividad presupuestaria y de contratación públicas”, aparte de significar un “consciente y deliberado desprecio hacia los básicos conceptos jurídicos que rigen la materia”.
Según el texto de la denuncia, “por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante, Oafar), se tramitó el expediente administrativo que conduce al reconocimiento extrajudicial de créditos por importe superior a los 2.219.500 euros.
Dicho expediente administrativo comportaba el reconocimiento extrajudicial y extrapresupuestario de créditos incorporados a 19 facturas giradas todas ellas por la mercantil Producciones Rolo S.L.
La Intervención municipal, en ejercicio de sus facultades de fiscalización interna, emitió Informe 21 de diciembre de 2009 por el que “no prestó su conformidad al mismo, al tiempo que advertía de forma clara y directa de las graves ilegalidades cometidas, así como de las responsabilidades jurídicas de toda índole en que se podía incurrir”.
Del Informe del Interventor, Somos Mas destaca “ilegalidades” como que no esté mínimamente acreditado que los servicios facturados sean los realmente prestados ni constan debidamente justificados los precios unitarios de los servicios facturados, ni tampoco queda constancia de que dichos precios aplicados sean los de mercado. Además, afirman que la presidenta del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, Maribel Oñate, prestó conformidad a dichas facturas.
Por otro lado, opina que se ha “conculcado de forma flagrante, grosera, pertinaz y reiterada la legislación vigente en materia de contratación pública”. La práctica totalidad de las 19 facturas giradas superan individualmente consideradas el límite cuantitativo legal que permitiría la adjudicación negociada sin publicidad (adjudicación directa). De modo que, a su juicio, “se ha prescindido total y absolutamente de los procedimientos de licitación que rigen la contratación pública”, por lo que se han vulnerado, siempre según su opinión, los principios de buena administración y de trasparencia en la contratación, “en perjuicio de otras empresas del sector susceptibles de haber concurrido competitivamente en un proceso licitatorio en condiciones económicas más favorables para la administración contratante y para el erario público”.
Afirman, además, que dicho reconocimiento extrajudicial de créditos no constituye un acto puntual sino que, antes al contrario, “representa la excepción hecha norma”.
Por último, reiteran que denuncias como la presente se producen en el contexto de un Ayuntamiento “marbellizado” como el de Santa Cruz de Tenerife con un alcalde y concejales altamente “competitivos” a la hora de generar “imputaciones judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, siendo uno de las capitales del Estado con mayor porcentaje de ediles imputados por causas judiciales abiertas en casos de grave corrupción”.
Esta formación recuerda el caso Las Teresitas (con plusvalías en torno a 120 millones de euros e imputado el alcalde, varios concejales, funcionarios, técnicos y empresarios favorecidos), además del caso Forum Filatélico en su trama canaria (con imputación del alcalde por supuestamente haber podido recibir un soborno de tres millones de euros destinado a la financiación ilegal de Coalición Canaria), el caso Mamotreto, caso Parque Marítimo y ocio nocturno, o el caso Centro Canario Nacionalista-CCN (por financiación ilegal), el caso Lerena, o en proceso de investigación como caso García Cabrera (con una afectación al erario público de unos 6 millones de euros); o más recientemente, caso Facturas (justificación fraudulenta con facturas falsas de las cuentas municipales del Partido Popular durante el mandato 2003-2007) y la denuncia presentada contra la concejal Ángela Mena.
