Denuncian el traslado de la Comisaría Centro

La Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Unificado de Policías (SUP) denuncian los planes de traslado de la Comisaría de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria a Siete Palmas un yhecho que, según su apreciación es una maniobra para favorecer a la Guardia Civil en detrimento de la Policía Nacional.

En este sentido, la UFP afirma que desde la Secretaría de Estado de Seguridad ya se ha tomado la decisión del traslado. “sin consultar a los responsables de la Jefatura Superior de Canarias ni a las distintas organizaciones sindicales representativas del Cuerpo Nacional de Policía”, destaca el sindicato.

Esta situación ya fue denunciada por el Secretario General de la UFP al Director General de la Policía. En aquella ocasión se comunicó a la opinión pública el desacuerdo a un proyecto que precisa de un convenio a tres bandas entre el Estado, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. “El citado convenio contemplaría la cesión del edificio donde se ubica la Comisaría de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria y se recibiría a cambio una parcela de la Comunidad Autónoma que agregada a otra colindante de titularidad municipal formaría un solar de 5.000 metros cuadrados destinado a albergar la futura sede de dicha comisaría”.

Esta nueva comisaría se situaría en el barrio de Siete Palmas “operación que se saldaría con un perjuicio patrimonial para el Cuerpo Nacional de Policía a favor de la Guardia Civil, resultado de la tasación de los distintos edificios y terrenos objeto del convenio”, asegura la UFP. A esto habría que añadir los gastos de construcción, amoblamiento y traslado, lo que obliga a los representantes sindicales a “informar negativamente sobre dicho convenio”.

“No hay que olvidar lo ocurrido con el edificio destinado a la Comisaría Local de Santa Lucía de Tirajana del Cuerpo Nacional de Policía, construido por la Dirección General de la Policía y que finalmente ha sido destinado a albergar un Centro Integral de Seguridad en el que coexisten distintas unidades de la Guardia Civil con una mínima presencia del Cuerpo Nacional de Policía, lo que nos lleva a pensar nuevamente en el trato de favor que dispensa la Secretaría de Estado de Seguridad a la Guardia Civil”, denuncian.

La organización sindical considera que “las prisas con las que presuntamente se están realizando las gestiones tendentes a ubicar provisionalmente la Comisaría de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria nos lleva a pensar que la futura ubicación de la misma pudiera ser un edificio que no presente unos mínimos requisitos exigidos para prestar el servicio público de calidad que merece la ciudadanía y en condiciones precarias de accesibilidad, dada las informaciones que se barajaban sobre su posible situación en una zona residencial de la capital, ignorando cualquier valoración que al respecto pudieran tener los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de las organizaciones sindicales.

SUP

Por su parte, el SUP asegura que con el cambio se perjudica a la Policía Nacional en favor de la Guardia Civil en connivencia con el Gobierno de Canarias. “De todos es conocido que la Guardia Civil tiene un conflicto con el Gobierno de Canarias a cuenta de unos terrenos valorados en cerca del millón de euros en el barrio de San Cristóbal donde construyeron la sede del FRONTEX; para solventar ese conflicto, desde la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, han optado por canjear la deuda de la Guardia Civil a cambio del edificio donde está ubicada la Comisaría de Distrito Centro del CNP de Las Palmas de Gran Canaria, valorado en unos tres millones de euros”, afirman fuentes sindicales.

Para el SUP, “el negocio para el Gobierno de Canarias es de lo más productivo ya que resuelven el problema del solar de San Cristóbal y ganan el edificio anexo a Usos Múltiples que tantos años llevan reclamándole al CNP y para la Guardia Civil también resulta productivo porque se quitan de encima el litigio con el Gobierno de Canarias a cuenta del edificio del FRONTEX, el ciudadano y el servicio de calidad que se le tiene que prestar, a la vista de esto queda claro que ha pasado a un segundo plano”.