Dimas Martín ya duerme en la prisión de Tahíche
El político Dimas Martín pasará otra Navidad en la prisión lanzaroteña de Tahíche, donde ingresó la noche de este jueves por cuarta vez durante su vida y trayectoria política, en esta ocasión para cumplir una condena de ocho años.
A Martín, líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), se le imputan delitos de malversación y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social durante su gestión al frente del Complejo Agroindustrial de Teguise en la década de los años 90.
Martín, que fue presidente del Cabildo de Lanzarote, alcalde de Teguise, parlamentario regional y senador por la isla, adelantó su entrada en la cárcel, prevista para este viernes, para evitar la presencia de seguidores y periodistas, aseguraron fuentes próximas al político.
A las 00:00 horas de este viernes se cumplía el plazo para su ingreso en prisión después de que le fuera notificada la sentencia de la Audiencia de Las Palmas el pasado día 2 de diciembre por un juzgado de Arrecife, una vez que el Tribunal Supremo desestimó aclarar los recursos que presentó y que fueron denegados.
Dimas Martín, acompañado de su esposa Elena Martín y sus cuatro hijos se presentó sobre las 22:15 horas de este jueves en el Centro Penitenciario de Tahíche, en el municipio lanzaroteño de Teguise, para cumplir la condena que le ha sido impuesta, según confirmaron fuentes penitenciarias.
La ex presidenta del Cabildo y consejera del PIL en la citada corporación, María José Docal, dijo que el político insularista “nos había expresado en todo momento su deseo personal de estar junto a su familia hasta el último momento”.
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto a Martín una pena de “inhabilitación absoluta durante 15 años”, aunque el político anunció antes de su entrada en la cárcel que “voy a continuar en política porque es algo que llevo dentro, no concibo mi vida sin la política y por tanto que nadie piense que esta circunstancia me apartará de ella”.
Esta es la cuarta ocasión en la que Dimas Martín ingresa en el Centro Penitenciario de Tahíche.
En la primera ocasión que fue a la cárcel, en 1979, lo hizo por un delito de falsedad relacionado con un asunto particular en su época como empresario; en la segunda, en 1998, fue por una condena de seis meses por un delito de desobediencia cometido entre los años 1990 y 1991 cuando ya era alcalde, mientras que la tercera fue en enero de 2004 por cohecho, por la compra de un voto a un concejal.
La Audiencia Provincial de Las Palmas denegó recientemente al político lanzaroteño un plazo adicional de quince días para retrasar su ingreso en prisión por esta condena.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arrecife también le ha requerido que pague las multas e indemnizaciones a las que ha sido condenado.
El PIL ha asegurado en un comunicado que la sentencia condenatoria contra Dimas Martín “se trata de la ejecución, por parte de tribunales de justicia, de los deseos de los enemigos políticos, que no adversarios, de nuestro partido y del propio Dimas Martín”.
La nota afirma que “el PIL no considera culpable a Dimas Martín de los actos que el tribunal de justicia atribuye” y asegura que “las varas de medir y las interpretaciones de las leyes siempre han sido más severas con nuestro dirigente que con el resto de los políticos, y sólo el cainismo y la envididia, guiados por los más bajos instintos de la condición humana, justificarían la tropelía que eél y sus familiares soportan”.
Aunque la Audiencia de Las Palmas ha condenado a Dimas Martín a seis años y a inhabilitación absoluta por un tiempo de 15 años como consecuencia de un delito de malversación de caudales públicos, ha sido absuelto de defraudación en el impuesto de sociedades, falsificación de documentos mercantiles y estafa.
El tribunal le condenó también por fraude a la Hacienda Pública a un año de prisión y a pagar una multa de 2,4 millones de euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tres años.
Asimismo, fue condenado a otro año de prisión y a abonar otra multa de cerca de un millón de euros por el delito cometido contra la Seguridad Social, por el que además también perdía por otros tres años la posibilidad de gozar de subvenciones o ayudas públicas y el derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
La Audiencia consideró probado que el acusado se apropió de 2,3 millones de euros del Complejo Agroindustrial de Teguise, del que fue su responsable como presidente entre 1991 y 1994, y que se creó a iniciativa suya para comercializar la producción agrícola de la isla.
