6 de noviembre de 2018: Canarias entierra el sistema electoral más injusto de Europa y acaba con los aforamientos
Trece días después de que el Senado pusiera fin a su larga tramitación, hoy, 6 de noviembre de 2018, ha entrado en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La nueva norma, con rango de ley orgánica, acaba con el sistema electoral más injusto de Europa y convierte a Canarias en la primera comunidad autónoma española en abolir el aforamiento del que hasta hoy venían disfrutando las autoridades autonómicas, es decir, los altos cargos del Gobierno (consejeros y presidente) y los diputados regionales. Igualmente pone fin al culebrón vivido estos últimos días en los alrededores del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ante los intentos del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, de que se agilizara la tramitación de una causa non nata -el caso Grúas- que ahora deberá regresar automáticamente a los juzgados de la ciudad de La Laguna.
Efectivamente, el BOE corrió finalmente más que el TSJ de Canarias en el pulso echado por el presidente Clavijo y su consejero de Justicia, José Miguel Barragán, al Ministerio Fiscal, que aguantó durante dos meses su informe sobre la conveniencia de tramitar o no unas diligencias penales contra la primera autoridad de Canarias para evitar una decisión en los momentos previos a la desaparición de los aforamientos políticos.
Clavijo y José Miguel Barragán hicieron todo lo posible, por las vías legales y por las mediáticas, para que la decisión quedara residenciada en el TSJC, probablemente seguros de que no habría imputación, y de ese modo conseguir desactivar en los juzgados ordinarios el caso Grúas para los hasta ahora únicos imputados en la causa, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el concejal Antonio Pérez-Godiño, todos de Coalición Canaria.
Esta será la primera consecuencia de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía: Fernando Clavijo y las demás personas encartadas serán investigadas en el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, y el juicio al que -en su caso- deban cometerse, tendrá lugar en un juzgado de lo Penal de esa ciudad. O, en función de los delitos que finalmente se les impute, en un tribunal del jurado formado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, órgano de apelación ante el que podrán acudir las partes personadas ante cualquier desacuerdo con la jueza instructora, Celia Blanco.
De la Audiencia Provincial huye como de la peste el presidente Clavijo desde que leyó un auto de la Sección Segunda en el que se revocaba el archivo del caso Grúas y se introducían una serie de consideraciones jurídicas que colocaban al también exalcalde de La Laguna en una posición bastante comprometida. “Examinadas las actuaciones”, se puede leer en ese auto de octubre de 2017, “no hemos de compartir el criterio del Juzgado de Instrucción, por cuanto los hechos relatados en la denuncia presentada pudieran revestir caracteres de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y/o tráfico de influencias, entendiendo precipitado en este momento inicial de la instrucción decidir el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, sin practicar diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos y personas responsables”.
No queda muy bien parado el hoy presidente en el relato que hace en esa resolución la Audiencia Provincial porque en ella recuerda cómo levantó los continuos reparos del interventor general del Ayuntamiento, tanto para poder conceder un préstamo a los trabajadores que se habían quedado con el servicio de grúas de la ciudad, como para prorrogarles la concesión a pesar de la situación de insolvencia e incumplimiento que presentaba la empresa.
Es más que probable que el regreso del caso Grúas a La Laguna complique la campaña electoral a Fernando Clavijo, sobre el que también pesa una segunda denuncia (también procedente de los grupos de la oposición en la ciudad) por su gestión en los contratos de concesiones municipales contra los reparos del interventor.
En Coalición Canaria se analiza la posibilidad de que Clavijo no encabece la lista de CC por la isla de Tenerife y que en su lugar lo haga la diputada nacional Ana Oramas, que en el caso de ser elegida deberá abandonar su escaño en la carrera de San Jerónimo. El actual presidente encabezaría la lista regional (de nueva creación) al Parlamento, para, en el caso de persistir la imputación después de mayo, ser designado senador por la Comunidad Autónoma y asirse así al aforamiento para los parlamentarios nacionales, aún en vigor. Cualquier cosa menos someterse a las rigideces de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Más allá de las grúas
Pero siendo relevante que el primer efecto del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias sea la situación procesal que pasa a tener desde hoy el presidente de la Comunidad, más lo es la abolición del sistema electoral más injusto de Europa, hasta ahora vigente en las Islas. A partir de las próximas elecciones de mayo de 2019, los electores canarios tendrán que elegir dos listas al Parlamento regional, una por la circunscripción electoral de su isla, y la otra por una nueva circunscripción regional de nueve escaños. Y puede darse a partir de ahora que la ciudadanía pueda ser llamada a las urnas con el único fin de renovar el Parlamento autonómico porque también aparece ahora en el ordenamiento legal de la nacionalidad la capacidad del presidente de disolver la Cámara siempre que haya transcurrido un año desde su constitución y no esté tramitándose una moción de censura.
Con el nuevo sistema y con la adjudicación de un nuevo escaño a la isla de Fuerteventura por su extraordinario incremento poblacional, desaparecen la doble y la triple paridad. La doble, porque la provincia de Las Palmas pasa a tener un escaño más (31) en las circunscripciones insulares frente a la de Santa Cruz de Tenerife. Y la triple paridad por la creación de la lista regional, donde tendrán más peso los electores de las islas más pobladas a la hora de designar a las nueve personas que conforman ese colegio electoral.
El Parlamento de 70 diputados y diputadas que emane de las elecciones de mayo próximo deberá elaborar,en un plazo no superior a tres años, una nueva Ley Electoral en la que decida incluso (si lo estima conveniente) reducir el número de representantes a 50. O elevarlo a 75. Y cumplir los preceptos del nuevo estatuto en cuanto a los topes exigibles para que las formaciones políticas puedan tener representación parlamentaria, bien manteniendo las actuales circunscripciones insulares o imponiendo una sola regional.
De manera excepcional, en las elecciones de 2019, la ciudadanía de Canarias se enfrentará a unas elecciones en las que habrá cinco urnas: una para elegir a su Ayuntamiento; otra, para el Cabildo de su isla; una tercera para la lista insular al Parlamento; la siguiente, de nueva creación, para la lista regional, y la última, para el Parlamento Europeo, cuya renovación toca cada cinco años.
Además del nuevo sistema electoral, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias consagra el Régimen Económico y Fiscal canario, el REF como una fuente de financiación separada del sistema de financiación que rige para todas las comunidades autónomas. Esto se supone que otorgará a Canarias mayor capacidad económica para corregir las diferencias derivadas de la lejanía y de la insularidad.
El nuevo Estatuto de Autonomía concede a Canarias un buen número de nuevas competencias, entre otras la de gestionar las instituciones penitenciarias, como hace en estos momentos Catalunya. Para ello es necesario desarrollar un decreto que dote de contenido económico cada uno de los servicios y el personal público que se transfiere. Además, permitirá que se convoquen referéndums (siempre constitucionales) sobre competencias propias de la nacionalidad.
También resulta notable el esfuerzo de los redactores del nuevo Estatuto de Autonomía por definir claramente el perímetro de las aguas territoriales de Canarias, que aun manteniendo su condición de aguas de titularidad del Estado, pasan a dar protagonismo al Archipiélago en su gestión administrativa para asuntos de importancia como las obligaciones de servicio público, el tráfico interinsular o los recursos pesqueros, entre otros. Un mapa incluido en el Estatuto, ayudará a resolver cualquier duda que se pueda plantear en cualquier momento sobre ese perímetro.
