FCC se queda el mantenimiento de los colegios de la capital grancanaria
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria propuso este miércoles adjudicar los contratos millonarios para el mantenimiento de colegios públicos y calles de la ciudad a las mismas empresas que proponían a finales de julio pasado los informes técnicos, y que el gobierno municipal, a instancias de los concejales de Hacienda y Fomento, Rodolfo Espino y Nardy Barrios, optó por dejar desiertos por encontrar “contradicciones” en el dictamen. La imposibilidad jurídica de anular el concurso y convocar otro nuevo obligó a la mayoría local a retomarlo en los mismos términos y a ejecutar la adjudicación.
La decisión de la Mesa implica en la práctica una desautorización a la decisión que en su día acordaron los dos concejales ante las dudas que presentaba el informe del técnico municipal, jefe de sección de Obras del Ayuntamiento, que incluso fue sustituido por la concejal de Fomento y Servicios Públicos, Nardy Barrios, por una terna de funcionarios que desde entonces elaboran los pliegos de condiciones de los concursos públicos.
De esta forma, FCC, como indicaba el informe inicial debatido en la Mesa de Contratación los pasados días 30 y 31 de julio, será la encargada de la conservación y el mantenimiento de los colegios públicos de primaria y secundaria a cargo del Ayuntamiento. El importe total de la adjudicación es de 4,6 millones de euros repartidos entre dos años.
En cuanto al mantenimiento y conservación de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales, la adjudicación, distribuida en tres zonas de la ciudad (alta, baja y Las Canteras), ha correspondido a la unión temporal de empresas Pérez Moreno-Comsa-Indra, que se ha hecho con dos lotes; y Bitumex-Lopesan, que obtuvo el tercero. El importe total de estos contratos, también por dos años, es de 10,6 millones de euros.
Con esta adjudicación y la ejecutada hace dos semanas en el servicio de ayuda a domicilio, el Ayuntamiento desbloquea contratos de servicios esenciales paralizados desde antes del relevo en la alcaldía que afectan a la comunidad escolar, personas mayores y discapacitadas y vecinos en general, por valor de 23 millones de euros en dos años.
