Fuerteventura y Lanzarote solo respaldarán un nuevo reparto del Fdcan si reciben lo mismo
Los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han anunciado este miércoles que sólo respaldarán propuestas sobre el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) distintas a la ya acordada por el Consejo de Gobierno que impliquen un resultado similar en términos económicos.
Los titulares de las corporaciones conejera y majorera, Pedro San Ginés y Marcial Morales, ambos de CC, han rechazado en una rueda de prensa la enmienda a la ley de presupuestos presentada por NC en la ponencia de la comisión de Hacienda del Parlamento canario que plantea privar al Fdcan de 80 de sus 160 millones de euros para destinar ese dinero a educación, sanidad y servicios sociales básicos, así como distribuir el resto conforme a los criterios que rigen en el REF, en los que prima la población.
Junto a los vicepresidentes de los dos cabildos, José Juan Cruz y Blas Acosta, ambos del PSOE, San Ginés y Morales han solicitado a los diputados de ambas islas que apoyen en su votación en el Parlamento el mantenimiento del Fondo de Desarrollo de Canarias en los términos fijados por el Consejo de Gobierno.
San Ginés y Morales han criticado que, con las enmiendas incorporadas inicialmente a los presupuestos regionales de 2017, a falta del refrendo de la comisión y el pleno, prácticamente se elimina el Fdcan y se sustraen recursos que les corresponden a las islas para dejar a Lanzarote y Fuerteventura con apenas cinco millones de euros por año, frente a los 32 que tienen aprobados actualmente.
Ambos han coincidido en recalcar que la propuesta de NC deja incluso al Cabildo de Gran Canaria, presidido por esta formación política, con tan solo 13 millones de euros, frente a los 45 que les podía haber correspondido.
Para San Ginés y Morales, “no es entendible ni justo”, principalmente para las islas periféricas, que durante el debate plenario del 21 de diciembre se cambie, no solo un acuerdo anterior aprobado por el Consejo de Gobierno de 28 de noviembre, sino los criterios regulados por el Decreto 85/2016, de 4 de julio, en los que se ha basado el trabajo realizado durante más de un año por los dos cabildos y sus trece ayuntamientos.
Ambos han señalado que estos programas y estrategias conjuntas permitirían a las islas que sufren “la doble insularidad llevar a cabo actuaciones que mejorarían no sólo el índice de empleabilidad de los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, sino también el desarrollo social y económico que necesitan”.
El Consejo de Gobierno aprobó que a través del Fdcan se distribuiría entre ambas islas unos 314 millones de euros en diez años, mientras que sólo para 2016 y 2017 recibirían unos 62 millones que podrían quedar en apenas 10 millones de euros si se mantienen los cambios introducidos por NC, PSOE y PP la semana pasada.
A juicio de los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han subrayado que los 160 millones procedentes de los extintos fondos IGTE son, en definitiva, fondos REF, por lo que el 58 % corresponderían a las islas, es decir, 92,8 millones de euros, y los 67,2 millones restantes al Gobierno regional.
Morales y San Ginés han añadido que “la distribución que le correspondería por ley a Fuerteventura y Lanzarote sería de seis y siete millones por año, respectivamente”.
Aunque “esto legalmente pudo haber sido así”, han lamentado que “seis de los siete cabildos, la Fecam y el propio Ejecutivo autonómico hayan acordado que la parte del Gobierno de Canarias también se distribuiría entre las islas para que todas, incluidas Tenerife y Gran Canaria, pudiesen recibir más fondos de los que les corresponderían con criterios REF”.
En base a la “fórmula mixta” finalmente aprobada por el Consejo de Gobierno, sin el respaldo del PSOE, las islas de Lanzarote y Fuerteventura tienen aprobados, a fecha de hoy, unos 16,5 y 14,6 millones de euros por año, respectivamente.
Los grupos de gobierno de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura consideran que el acuerdo adoptado en la ponencia de la Comisión de Hacienda a propuesta de NC “atenta contra la propia ley”, ya que esta propuesta “eliminaría” la distribución de los fondos del Fdcan y dispondría para el Gobierno regional casi el 100 % de unos recursos REF que, al menos en un 58 %, corresponden a las islas.
