El Gobierno de Canarias prevé aprobar la Ley de Servicios Sociales antes de verano

La consejera canaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, confió este viernes en que el 9 de marzo haya finalizado el estudio de las 208 alegaciones presentadas al borrador de la Ley de Servicios Sociales, para luego buscar “acercamientos” políticos y sociales y aprobar antes del verano una norma que espera que “sobreviva” al menos, una década.

Cristina Valido detalló los pormenores de la tramitación de dicha norma en comparecencia parlamentaria, en la que expuso las líneas estratégicas de su departamento tras asumir el cargo, en el que sucede a la exvicepresidenta del Ejecutivo canario Patricia Hernández, que dejó el área tras la ruptura del pacto de gobierno entre CC y PSC.

Al respecto, la diputada socialista Teresa Cruz reprochó a la consejera el que, en su opinión, dijese que era irrelevante tener un diagnóstico sobre la realidad social del Archipiélago a la hora de tramitar la ley, lo que Cristina Valido negó y le pidió que no la atacase a ella, que lleva en el cargo cuatro semanas, por defender el trabajo realizado “por sus compañeros”.

Cristina Valido calificó de “hito” la aprobación de esta norma, porque sustituirá a la actual Ley de Servicios Sociales, vigente desde 1987 y que no responde en absoluto a las necesidades sociales de las Islas, a su estructura administrativa y “ni de lejos” a la financiación necesaria.

Señaló que esta ley ha comenzado a desarrollarse de manera muy participada con colegios profesionales, patronal, sindicatos, cabildos y ayuntamientos, además de un periodo de exposición pública para los particulares.

Una vez estudiadas las alegaciones que se han presentado, la consejera tiene intención de reunirse con cada grupo político y con los colegios profesionales con el objetivo de propiciar acercamientos para que la ley esté aprobada antes del verano, y subrayó su deseo de que se consiga un marco jurídico que debe servir para los próximos años.

No obstante, aclaró también que el paso posterior y relevante es el desarrollo del reglamento, por el cual se definirán los servicios “y quién hace cada cosa, cómo la hace, con quién la hace y cómo la paga”, algo “necesario y urgente” y por tanto “vital”.

Especificó la consejera que los marcos jurídicos no pueden bajar a este tipo de detalles “porque nos encorsetaría para el futuro” y no se puede modificar una ley cada vez que cambia el precio de un servicio, la ratio o la categoría profesional.

Por ello también es necesario “poner el acento” en el observatorio que se creará a raíz de la ley para elaborar diagnósticos “en tiempo y forma”, con datos actualizados sobre la situación social del Archipiélago, lo que permitirá incluso revisar la estructura administrativa y competencial.

Cristina Valido señaló que el reglamento podría estar elaborado en el último tramo de la legislatura, lo que es fundamental para incorporar las partidas necesarias en los presupuestos autonómicos y dar cumplimiento al texto legal.

En cuanto a la atención a la dependencia, indicó que sólo en enero de este año se han incorporado 300 personas más al sistema pese a que había expirado el plan de choque que organizó la anterior consejera y no había por lo tanto un equipo de valoradores, aunque la semana pasada se han incorporado 17 personas en cada provincia para realizar esta función.

La consejera prevé que también después de carnavales esté listo el borrador del convenio con los cabildos y consideró que el sistema de financiación en este ámbito debe ser plurianual con el objetivo de dar estabilidad a los operadores públicos y privados.

También ha pedido a los cabildos que detallen sus necesidades en materia de infraestructuras sociosanitarias, anunció que se diseñará un plan de atención a la discapacidad “largamente exigido” y se convocará la conferencia interadministrativa y sectorial en materia de infancia, que no se reúne desde 2013.

La consejera expresó su intención de revisar la estrategia de intervención con las familias con menores en situación de riesgo y la cartera de servicios en este ámbito.

Apuntó además Valido que el Servicio Canario de Empleo funciona “muy bien”, indicó que ha reclamado al Gobierno central que el dinero en este ámbito no se asigne en diciembre de cada año y señaló que uno de sus objetivos es poner en marcha gabinetes sociolaborales en las oficinas de empleo para cambiar la forma en que se atiende a las personas que buscan trabajo, sobre todo pensando en el 17% de familias con todos sus componentes en paro.

El diputado del grupo Popular José Tomás Estalella manifestó que la consejera tiene un campo de trabajo inmenso en materia de empleo, donde el resultado no es el esperado ni el deseado, al tiempo que su compañera Josefa Luzardo advirtió de que el Instituto Canario de la Vivienda “no funciona y es un desastre”.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, consideró que hasta el momento la gestión en los asuntos sociales es bastante deficiente y Canarias encabeza todos los indicadores negativos, por lo que se precisa voluntad política para que la prioridad absoluta sea generar empleo si no se quiere un sistema asistencialista.

Elena Luis, del grupo Nacionalista Canario, indicó que las cifras de desempleo en las islas son “desgarradoras” y las del juvenil “preocupantes”, por lo que pidió a la consejera que haga esfuerzos para potenciar el programa de empleo juvenil, que a su juicio no ha funcionado.

Por Nueva Canarias el diputado Luis Campos opinó que aunque se ha mejorado la atención a la dependencia, la realidad es que su gestión en la anterior legislatura fue “desastrosa, la peor con diferencia”, y por ello “por mucho que se mejore el listón, estamos a ras del suelo”, por lo que reclamó a la Consejería ser “más exigentes y ambiciosos”.

El parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos explicó que La Gomera carece desde hace un año de una persona que preste el servicio de atención a la dependencia, recordó que en la isla hay una población envejecida, con muchos mayores que viven solos en zonas rurales alejadas y los servicios sociales de los ayuntamientos “están desbordados y no dan abasto”.

Ramos precisó que hay 191 dependientes en espera de evaluación en la isla, lo que requiere una solución urgente pues en algunos casos personas de 90 años están a cargo de cuidadores de más de 80, y aconsejó a Cristina Valido que use la palabra “agilizar”.