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El Gobierno de Canarias garantiza que habrá financiación para realizar un estudio sobre las fosas e impulsar la Ley de Memoria Histórica

Ángel Víctor Torres señala que es necesario contar con un banco de ADN como recoge la norma y también se ha referido a la ley de menores robados

El diputado Manuel Marrero ha instado a trabajar en ello ya que en los presupuestos de 2019 no se destinaron partidas para esta norma

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Ángel Víctor Torres, nuevo presidente de Canarias con los votos del PSOE, NC, Sí Podemos y ASG

Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este martes en el pleno del Parlamento que habrá financiación suficiente en 2020 para realizar un estudio sobre las fosas comunes y pozos de Canarias, donde aún hay miles de desaparecidos e impulsar la Ley de Memoria Histórica. 

El diputado de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero ha preguntado sobre este asunto y ha recordado que el pasado año no hubo financiación para esta norma. Por ello, se ha cuestionado si en las cuentas del próximo año sí que se va ir destinado dinero a este fin y a la ley de menores robados, inédita en España. 

Marrero defendió la necesidad de acabar con la simbología franquista "que sigue campando a sus anchas en plazas" y lamentó que aún se esté debatiendo hoy día sobre exhumar a un dictador. 

Torres ha recordado que sabe de lo que habla cuando se trata de Memoria Histórica ya que en 2003, cuando era alcalde, la asociación de Arucas pidió subvención para abrir los pozos donde se hallaban personas que fueron fusiladas. "Tocamos todas las puertas y se nos cerraron", explicó el presidente. Por ello, asegura que mantiene un compromiso con la ley de memoria histórica y la de menores robados y se compromete con la financiación de ambas leyes: “Es de Justicia”. 

La Ley de Memoria Histórica de Canarias fue aprobada a finales del pasado año. La mayoría de decisiones se delegarán en una comisión técnica que, según una disposición adicional, finalmente establecía un plazo de tres meses para que estuviera constituida.  Sin embargo, los procesos electorales y el cambio de Gobierno han impedido que se cumpla con esta fecha.

La norma nació por la necesidad de reparar a las víctimas, después de que la ley estatal llevara años paralizada por el PP, que la dejó sin presupuesto. Entre las prioridades marcadas se encuentra también la de eliminar la simbología franquista. Uno de los elementos más característicos que se mantiene en la capital tinerfeña es el monumento a Franco. 

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