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El Gobierno de Canarias pide poder usar el superávit y el PP lo tacha de temeridad con gobiernos "de izquierda radical"

La discrepancia del PP se produce en el debate sobre el informe acerca de las cuentas autonómicas de 2017, del que los grupos que sustentan al Gobierno deducen que "desmiente" al anterior Ejecutivo, de CC, respecto a su buena gestión y superávit

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El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (d), conversa con el diputados del Grupo Nacionalista Rosa Dávila, David de la Hoz (i), y José Miguel Barragan (sentado), antes del pleno del Parlamento

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (d), conversa con el diputados del Grupo Nacionalista Rosa Dávila, David de la Hoz (i), y José Miguel Barragan (sentado), antes del pleno del Parlamento EFE

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han coincidido este lunes en la necesidad de reclamar al Ejecutivo central que flexibilice la regla de gasto y autorice el uso del superávit, punto este último que rechazó el PP por entender que es una "temeridad" con gobiernos "de izquierda radicales" que han comenzado "la fiesta del derroche".

La discrepancia del PP sobre esta cuestión se produjo durante el debate en el pleno del Parlamento regional del informe de la Audiencia de Cuentas sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2017, del que los grupos que sustentan al Gobierno han deducido que "desmiente" las afirmaciones del anterior Ejecutivo de CC, con Fernando Clavijo como presidente, respecto a su buena gestión y superávit.

El portavoz del grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, consideró que frente al planteamiento del resto de formaciones "como un mantra" de que hay que cumplir las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas, en su opinión es facultad de los gobiernos decidir si lo hacen o no en función de su oportunidad política. "Si no que gobierne la Audiencia de cuentas y hacemos un intercambio de papeles", objetó Barragán, quien se mostró de acuerdo en instar al Gobierno de España a que flexibilice la regla de gasto para que el superávit presupuestario pueda destinarse a los servicios públicos esenciales.

Por el grupo Popular el diputado Fernando Enseñat aludió a que en 2017 sólo se recaudaron 41 de los 448 millones de euros pendientes de cobro, prescribieron 167 millones de subvenciones sin justificar y se registró "el fracaso" de los fondos Jeremie, con sólo 3 millones ejecutados de un total de 20 millones destinados a la lucha contra la pobreza.

Pese a que estuvo a favor de pedir que se flexibilice la regla de gasto, se mostró en contra de plantear el uso del superávit porque, dijo, "es una temeridad con gobiernos en España y en Canarias apoyados en la izquierda populista y radical que han empezado otra vez la fiesta del derroche".

Julio Pérez (c), conversa con el vicepresidente Román Rodríguez (d), en el pleno del Parlamento

Julio Pérez (c), conversa con el vicepresidente Román Rodríguez (d), en el pleno del Parlamento EFE

Vidina Espino, portavoz de Ciudadanos, consideró "grave" que de los 34 organismos públicos que realizaron contrataciones en el citado año sólo cuatro rindieron cuentas de ellas y con documentación incompleta y fuera de plazo, por lo que reclamó acabar con las contrataciones "por la puerta de atrás y con enchufismo" en la administración pública.

Igualmente instó a que se reclamen del Estado los 646 millones de euros que según la Audiencia de Cuentas dejó de sufragar para Canarias, un dato que hay que tener "sobre la mesa" cuando se abra el debate de la reforma del sistema de financiación autonómica.

Por la Agrupación Socialista Gomera la diputada Melodie Mendoza coincidió en que hay que reclamar esta cantidad, que debió ser suplida con fondos propios de la Comunidad Autónoma al tiempo que consideró que hay "mucho que mejorar" en la gestión de las deudas pendientes de cobro por parte de la Comunidad Autónoma.

Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias, opinó que el informe de la Audiencia de Cuentas es "demoledor" y deja en evidencia que la gestión pública que se realizó en 2017 fue "muy deficiente" y como ejemplo, continuó, dijo que el Gobierno pudo destinar 297 millones a inversiones y sólo asignó 13 millones, que usó para programas informáticos y equipamiento sanitario.

Esto supuso, añadió, que se apostó "por el negocio privado" y por seguir pagando cuantiosos alquileres a dueños de edificios, algunos de ellos integrantes "del grupo de intereses político-privado que han gobernado Canarias en las últimas décadas".

Esther González, de Nueva Canarias, se refirió al incumplimiento sistemático de los procedimientos de contratación de personal en las entidades públicas y reiteró que lo más grave y preocupante es "el agujero" de 448 millones de euros en la gestión recaudatoria.

Además, prosiguió, los datos de la Audiencia de Cuentas ponen en entredicho la liquidez de la Administración canaria y reiteró que, en su opinión, el Gobierno de Fernando Clavijo falseó los datos del superávit.

Iñaki Lavandera, del grupo Socialista, hizo un llamamiento "al bloque de la derecha" a no bloquear las propuestas que desde el Parlamento canario intenten disponer de más recursos para la Comunidad Autónoma ante la necesidad de revisar el sistema de financiación autonómica y flexibilizar la regla de gasto.

El portavoz socialista aseguró al respecto que este "bloque" comparte dos aspectos: que tarda en asumir que ha perdido las elecciones y que les cuesta salir del poder. 

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