El Gobierno canario deja fuera a cientos de aspirantes a la Policía Local

Cientos de aspirantes a agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se han quedado fuera de la última convocatoria de oposiciones al cuerpo. Las bases presentadas por el Ayuntamiento exigen tener el permiso de motocicletas de gran cilindrada, el A, pero el nuevo Reglamento de Conductores obliga a tener al menos 20 años para poder pasar del A2. El Gobierno de Canarias se negó a modificar la legislación de 1997 para poder adaptar las bases, lo que ha generado un problema que, según el sindicato CCOO, puede dejar vacantes la mitad de las 71 plazas nuevas.

“Se iban a presentar unas 1.600 personas”, explica José Gerardo Rodríguez, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento capitalino. El número descendió hasta las 900, “de las cuales la mitad no tiene el carné de moto” para circular con vehículos de dos ruedas de cualquier cilindrada.

El problema está en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias 6/1997 que el Gobierno regional no ha querido modificar. La norma exige “estar en posesión del permiso de conducción de las categorías A y B, con habilitación BTP o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo antes de la fecha de toma de posesión como funcionario en prácticas”. El A2, para motos de entre 125 y 500 centímetros cúbicos, blinda el acceso al A, para el que ahora es necesario tener al menos 20 años y dos de antigüedad con el A2.

Días antes de que el nuevo Reglamento de Conductores entrase en vigor en diciembre de 2009, CCOO remitió un escrito al Consistorio en el que pedía la modificación de las bases -publicadas un mes después- para incluir el un nuevo permiso, como hizo la Dirección General de la Policía Nacional y la Guardia Civil mediante una resolución que permite a los aspirantes presentarse a las oposiciones con el A2. No hubo respuesta. “No eran capaces de contestar”, se queja Rodríguez, “porque iban a molestar a unos y a otros”.

“Las bases están consensuadas desde hace dos o tres años”, se defiende Augusto Hidalgo, concejal de Personal y Recursos Humanos. “Tendríamos que suspender una convocatoria que lleva dos años”, dice, “cuando una de las reivindicaciones es que faltan policías”. El edil admite que sí solicitaron una aclaración a la Dirección General de Seguridad del Gobierno canario, la respuesta de la responsable del área, Carmen Delia González, fue “que ha habido un cambio de normativa, que es requisito tener esa titulación y que, efectivamente, esa titulación se obtiene con 20 años”.

“No tiene solución”, explica Hidalgo, la legislación autonómica “nos impide maniobrar”, dice. La queja de los sindicatos y de los aspirantes que renunciaron a la convocatoria es que queden plazas vacías si aprueba una gran cantidad de opositores que no puedan acreditar estar en posesión del A en el momento de tomar posesión como funcionarios en prácticas. En ese caso, el concejal asegura que “corre la lista, a no ser que no hayan aprobado”. Con 71 puestos y 900 aspirantes de los cuales José Gerardo Rodríguez cree que “más de la mitad no va a entrar”, la posibilidad de no cubrir la oferta no parece descabellada.

“Hemos logrado el poder convocarlas”

El asunto surge después de cuatro años de gestiones para poder sacar adelante la convocatoria de plazas. Desde 2009, los sindicatos se han quejado de la escasez de efectivos en el cuerpo, que lleva descendiendo desde 2007. Entonces, el Ayuntamiento ya tenía proyectadas las 71 plazas para las que la primera prueba ha tenido lugar este año, pese a que la incorporación de los nuevos policías se esperaba para mediados de 2010.

Finalmente, 514 personas se presentaron a la prueba física celebrada en febrero: 120 se quedaron por el camino y solo 394 optarán a la teórica, para la que aún no hay fecha. Los números están ajustados, pero el concejal de Seguridad, Jesús González Dumpiérrez, descarta no incorporar los 71 agentes que el Consistorio espera para cubrir la carencia de personal: “Tiene que haber un mecanismo para que las plazas queden cubiertas”.

“Tenemos que tener en cuenta las circunstancias”, dice Dumpiérrez, “se ha logrado el poder convocarlas”. No ha ocurrido lo mismo en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo. El secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de LPGC asegura que allí “se han desconvocado por la crisis”.

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